Las resoluciones anticipadas de origen ya se integran al sistema VUCEA.

La Resolución General ARCA N.º 5859/2026 establece su utilización operativa en las destinaciones aduaneras.

Los importadores podrán contar con mayor previsibilidad y seguridad jurídica respecto del origen de sus mercaderías.

La medida forma parte del proceso de digitalización y facilitación del comercio exterior argentino.

El pasado 5 de junio de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General ARCA N.º 5859/2026, mediante la cual se incorporó al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) la resolución anticipada de origen emitida en los términos de la Resolución N.º 26/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La medida representa un paso relevante en la implementación efectiva del régimen de resoluciones anticipadas previsto por el Código Aduanero.

¿Qué son las resoluciones anticipadas de origen?

Las resoluciones anticipadas constituyen una herramienta destinada a brindar previsibilidad a los operadores de comercio exterior.

De acuerdo con el artículo 3 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se trata de decisiones escritas emitidas por la autoridad competente, a solicitud de un interesado y con carácter previo a la importación de la mercadería, mediante las cuales se determina el tratamiento que recibirá la operación respecto de determinados aspectos, entre ellos la clasificación arancelaria o el origen de la mercadería.

En materia de origen, estas resoluciones permiten que el importador conozca de manera anticipada el criterio oficial aplicable a una determinada mercadería, reduciendo la incertidumbre que podría surgir al momento de documentar la operación.

Implementación gradual de las resoluciones anticipadas en Argentina

La figura de las resoluciones anticipadas fue incorporada al Código Aduanero mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, que introdujo modificaciones al artículo 226 e incorporó la posibilidad de solicitar pronunciamientos anticipados sobre clasificación arancelaria, origen y valoración de mercaderías.

Posteriormente, el Decreto N.º 41/2026 estableció una diferenciación entre las autoridades competentes para emitir dichas resoluciones.

Mientras que las vinculadas con clasificación arancelaria, valoración y otros elementos necesarios para la correcta aplicación del régimen aduanero quedaron a cargo de la Dirección General de Aduanas, las resoluciones anticipadas en materia de origen fueron asignadas a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Finalmente, mediante la Resolución N.º 26/2026, publicada el 29 de abril de 2026, dicha Secretaría aprobó el procedimiento específico para la tramitación de las resoluciones anticipadas de origen para la importación.

La Resolución General ARCA N.º 5859/2026 constituye ahora un nuevo avance dentro de ese proceso, al establecer la forma en que dichas resoluciones deberán ser utilizadas e informadas dentro de los sistemas aduaneros.

¿Qué establece la Resolución General ARCA 5859/2026?

La norma incorpora las resoluciones anticipadas de origen al ecosistema VUCEA y establece determinadas pautas operativas para su utilización.

Principales aspectos de la norma

• No será necesaria la presentación física del acto administrativo emitido por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.
• Al momento de oficializar la destinación aduanera deberá declararse el código identificador correspondiente a la resolución anticipada como información de referencia mediante el código documental LPCOVUCE0042.
• Cada autorización podrá asociarse únicamente a un ítem de la destinación aduanera.
• En caso de contingencias informáticas que impidan la validación electrónica, se aplicará el procedimiento previsto por la Resolución General AFIP N.º 5384/2023, permitiendo la presentación de la documentación en soporte papel ante el servicio aduanero.

La resolución entrará en vigencia el próximo 22 de junio de 2026.

Beneficios para importadores y operadores de comercio exterior

Más allá de los aspectos operativos, la incorporación de estas resoluciones al régimen VUCEA representa un paso importante para la consolidación de una herramienta que busca otorgar mayor previsibilidad a las operaciones de comercio exterior.

Principales beneficios

• Mayor previsibilidad en las operaciones de importación.
• Mayor seguridad jurídica para los operadores.
• Reducción de contingencias aduaneras.
• Mejor planificación de costos y operaciones.
• Posibilidad de conocer anticipadamente el criterio oficial sobre el origen de la mercadería.
• Facilitación del acceso a preferencias arancelarias derivadas de acuerdos comerciales.

La determinación del origen de una mercadería puede resultar decisiva para acceder a preferencias arancelarias, acreditar el cumplimiento de reglas de origen o verificar la aplicación de determinadas medidas comerciales.

Digitalización y facilitación del comercio exterior

La incorporación de estas resoluciones al sistema VUCEA refleja una tendencia sostenida hacia la digitalización y la interoperabilidad entre organismos vinculados al comercio exterior.

La eliminación de documentación física y la integración de procedimientos electrónicos contribuyen a simplificar trámites, reducir costos administrativos y mejorar la eficiencia de las operaciones de importación.

Reflexión final

Si bien la Resolución General ARCA N.º 5859/2026 no introduce cambios en el procedimiento de solicitud de resoluciones anticipadas de origen, su dictado resulta clave para la implementación práctica de esta herramienta dentro de la operatoria aduanera cotidiana.

Su incorporación al sistema VUCEA fortalece un mecanismo que puede contribuir significativamente a brindar mayor previsibilidad, seguridad jurídica y transparencia a las operaciones de comercio exterior.

Resta observar cuál será el nivel de utilización que los operadores otorgarán a esta herramienta y si su implementación permitirá alcanzar uno de los principales objetivos perseguidos por este tipo de institutos: dotar de mayor previsibilidad y seguridad a las operaciones de importación.

Asesoramiento en Derecho Aduanero y Comercio Exterior

La correcta determinación del origen de las mercaderías, la aplicación de preferencias arancelarias y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros requieren un análisis técnico y jurídico especializado.

En MJE Comercio Exterior brindamos asesoramiento integral a importadores, exportadores e industrias en materia de derecho aduanero, origen de mercaderías, clasificación arancelaria, valoración aduanera y planificación estratégica de comercio exterior.

Si su empresa realiza operaciones de importación, necesita determinar correctamente el origen de sus mercaderías o desea evaluar los beneficios y riesgos asociados a una resolución anticipada de origen, nuestro equipo puede brindarle asesoramiento especializado.

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• El expediente electrónico en los procedimientos aduaneros: su necesaria implementación.
• Debido proceso en los procedimientos aduaneros argentinos: garantías y estándares internacionales.
• Estándares OCDE, normas OMC y Derecho Interno: tensiones y alcances en la valoración aduanera argentina.

Estos trabajos abordan distintos aspectos de la evolución normativa y operativa del sistema aduanero argentino, con foco en la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y la facilitación del comercio internacional.

Autor

Dr. Juan José Tubio

Abogado especialista en Derecho Aduanero y Técnico Superior en Despacho Aduanero.

MJE Comercio Exterior SRL.

Autora: Dra. María José Etulain Sórensen
Estratega en comercio internacional | Analista en Supply Chain | Expansión empresarial USA–Argentina | Defensa comercial
Fecha: 21 de abril de 2026

Un superávit comercial con cambios estructurales

El comercio exterior de bienes en Argentina muestra un saldo positivo en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, detrás de este resultado se observa un patrón claro: energía, agro y minería impulsan las exportaciones, mientras la industria pierde peso relativo.

Empleo y transformación del mercado laboral

Al analizar el contexto general, surgen datos relevantes: en un país de 48 millones de habitantes, sólo algo más de 1 de cada 10 argentinos cuenta con empleo privado formal. A su vez, continúan registrándose pérdidas de puestos en sectores como industria, construcción y comercio.

Este escenario impacta directamente en dónde se generan las oportunidades laborales, especialmente para las nuevas generaciones.

El crecimiento de los servicios basados en el conocimiento

En este contexto, emerge con fuerza un tercer camino que ya no es una promesa, sino una realidad consolidada.

Los servicios basados en el conocimiento superaron los 285.000 empleos formales, generaron 9.000 nuevos puestos en el último año y el sector de software por sí solo emplea a más de 159.000 personas. Además, en 2025 alcanzaron exportaciones cercanas a USD 9.600 millones, posicionándose como el tercer complejo exportador del país.

Sin embargo, este fenómeno no se refleja en la balanza comercial de bienes, lo que limita la lectura tradicional del comercio exterior.

Desafíos estratégicos para la economía argentina

El desafío no radica en elegir entre sectores, sino en construir una economía más equilibrada, que permita el desarrollo de empleos formales y de mayor valor agregado, alineados con la demanda del mercado internacional.

Para Argentina, una estrategia sostenible requiere fortalecer la educación tecnológica y el desarrollo de habilidades vinculadas a la inteligencia artificial.

Conclusión: presente y futuro del comercio exterior

El comercio exterior de bienes puede definir el presente económico del país.

Pero las decisiones estratégicas que hoy se adopten respecto al uso de los recursos y la formación del capital humano serán determinantes para el futuro y el de las próximas generaciones.

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Contactanos en MJE Comercio Exterior para acompañar la toma de decisiones en un contexto global cada vez más dinámico.

La reciente Comunicación A 8417 del Banco Central introduce una serie de adecuaciones al régimen de exterior y cambios que, en una primera lectura, podrían interpretarse como un nuevo paso en el proceso de flexibilización del cepo. Sin embargo, un análisis más detenido muestra un escenario más matizado que expansivo.

En relación con las personas humanas, la norma incorpora medidas relevantes. Por un lado, extiende la excepción a la obligación de liquidación de cobros de exportaciones de servicios a todos los conceptos y, por otro, incorpora un esquema similar para determinadas exportaciones de bienes. Se trata de una señal consistente con un proceso gradual de ampliación de la disponibilidad de divisas en cabeza de los exportadores individuales.

Ahora bien, esa apertura convive con mecanismos que continúan condicionando el acceso al mercado. En particular, el requisito previsto en el punto 7.2 de la Comunicación —la obligación de presentar una declaración jurada comprometiéndose a no concertar operaciones con títulos valores con liquidación en moneda extranjera durante los 90 días posteriores a la transferencia de divisas al exterior desde cuentas locales en moneda extranjera hacia cuentas propias en el exterior— refleja con claridad esta lógica. Se habilita la operatoria, pero simultáneamente se mantiene un instrumento destinado a evitar su utilización como canal indirecto de dolarización financiera. En otras palabras, la norma amplía el margen operativo, aunque preserva la arquitectura de control que caracteriza al régimen vigente.

Para las personas jurídicas, el alcance de las modificaciones es más acotado. Se introducen mejoras vinculadas a la extensión de plazos de ingreso y liquidación en ciertos supuestos de exportaciones, la posibilidad de anticipar pagos de títulos valores próximos a su vencimiento y algunas flexibilizaciones condicionadas para la cancelación de endeudamientos financieros con vinculadas. No obstante, estas medidas operan más como ajustes técnicos dentro del esquema vigente que como una modificación sustancial del régimen cambiario aplicable al sector corporativo.

Desde esta perspectiva, la Comunicación A 8417 parece inscribirse en una estrategia de flexibilización administrada: se amplían ciertos márgenes operativos, especialmente para personas humanas, pero se mantienen instrumentos regulatorios que continúan delimitando el alcance efectivo de esa apertura. La pregunta, entonces, no es si hubo flexibilización, sino de qué tipo. Y la respuesta probable es que se trata de una flexibilización parcial, segmentada y todavía lejos de implicar un cambio estructural en el régimen cambiario vigente.

Dra. Andrea Zavatto

Abogada – Especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología Legal
Directora – MJE Comercio Exterior SRL
Socia Consultora – MJE Global (USA)
Dirección General – Dumping Experts

El dumping es una de las prácticas más relevantes —y controvertidas— del comercio internacional. Aunque su definición técnica es sencilla, sus implicancias económicas, políticas y jurídicas son profundas.

En este artículo, abordamos qué es el dumping desde una perspectiva práctica y analizamos cómo evolucionó el contexto internacional en los últimos años (2020–2025).

¿Qué es el dumping?

Desde un punto de vista práctico, el dumping consiste en exportar un producto a un precio inferior al que se aplica en el mercado interno del país de origen.

Ejemplo:
Una empresa vende un producto en su país a USD 10.000, pero lo exporta a USD 6.800. Esta diferencia puede generar un impacto directo en la industria del país importador, que no puede competir con ese precio.

Para que exista dumping deben verificarse dos elementos:

• Una exportación a precio inferior al valor normal
• Un daño a la industria local del país importador

Marco internacional: el rol del sistema multilateral

El tratamiento del dumping se encuentra regulado en el marco del sistema multilateral de comercio.

Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos derivados del GATT, los países establecieron قواعد comunes para el comercio internacional, incluyendo mecanismos para actuar frente a prácticas desleales.

El Artículo VI del GATT reconoce expresamente que el dumping es una práctica condenable cuando causa daño a una industria nacional.

El remedio: derechos antidumping

Cuando se verifica la existencia de dumping y daño, los países pueden aplicar un derecho antidumping.

Este consiste en un arancel adicional a la importación, cuyo objetivo es neutralizar el efecto de la práctica.

Sin embargo, su aplicación no es automática:

• Requiere una investigación previa
• Debe respetar procedimientos establecidos
• Implica la participación de empresas, gobiernos y partes interesadas

¿Por qué es importante participar en investigaciones antidumping?

Las investigaciones antidumping no son meramente técnicas: representan una herramienta clave para proteger la industria, el empleo y la competencia leal.

Participar activamente permite:

• Defender intereses comerciales
• Aportar pruebas
• Influir en la decisión final

Evolución reciente: ¿qué cambió entre 2020 y 2025?

Los últimos años han estado marcados por transformaciones globales que impactaron directamente en el comercio internacional:

• Pandemia de COVID-19
• Conflictos geopolíticos (como la guerra en Ucrania)
• Tensiones comerciales entre grandes economías
• Disrupciones logísticas globales
• Cambios en políticas industriales y comerciales

Este contexto generó:

• Mayor intervención estatal
• Uso más frecuente de medidas comerciales
• Revalorización de herramientas como el antidumping

Hoy, las medidas antidumping no solo responden a reglas multilaterales, sino también a estrategias nacionales.

Reflexión final

El sistema multilateral de comercio enfrenta desafíos importantes. Las tensiones actuales obligan a repensar su funcionamiento y adaptación a una nueva realidad global.

En este contexto, comprender las herramientas legales disponibles —como el antidumping— resulta fundamental para las empresas que operan en comercio internacional.

¿Tu empresa enfrenta una investigación antidumping o desafíos en comercio internacional?

En MJE Comercio Exterior asesoramos a empresas en estrategias legales y defensa comercial.

Contactanos para evaluar tu caso.

Dra. María José Etulain Sórensen
Abogada especialista en Derecho Aduanero, dumping y gestión de riesgos
Consultora en comercio exterior e internacionalización
Miembro de la Customs and International Trade Bar Association (CITBA)
Directora de MJE Global

Por Andrea Zavatto – Especialista en Comercio Exterior y Estrategia de Internacionalización

En marzo de 2026, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) anunció el inicio de investigaciones sobre 60 economías —incluida la Argentina— para evaluar si cuentan con mecanismos efectivos que impidan el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso en sus mercados.

Si bien la medida no apunta a sectores específicos ni implica sanciones inmediatas, envía una señal clara: Estados Unidos está elevando el estándar de acceso a su mercado, incorporando cada vez más exigencias vinculadas a cómo se producen los bienes, y no solo a qué se exporta.

Este enfoque no es completamente nuevo, pero sí se está intensificando. La normativa estadounidense permite bloquear el ingreso de productos cuando existen sospechas de trabajo forzoso en cualquier parte de la cadena de suministro.

Esto incluye no solo el producto final, sino también insumos, componentes o procesos intermedios, lo que amplía significativamente el alcance de los controles.

En la práctica, esto implica que una operación comercial puede verse afectada incluso cuando el problema no está en la empresa exportadora directa, sino en algún proveedor dentro de su cadena.

Aquí aparece un cambio clave para las empresas: la trazabilidad de las cadenas de suministro deja de ser un aspecto reputacional para transformarse en una condición operativa de acceso al mercado estadounidense.

Este nuevo escenario exige contar con mayor visibilidad sobre el origen de los insumos y las condiciones en las que fueron producidos.

Esta evolución se alinea con una agenda más amplia que ya impacta en el comercio internacional: los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y las crecientes exigencias de transparencia en las cadenas de suministro.

En este contexto, el cumplimiento en materia laboral se integra progresivamente como un elemento central dentro de las estrategias de comercio exterior.

Para las empresas argentinas que exportan a Estados Unidos —o que participan indirectamente en cadenas de valor con destino a ese mercado— este escenario plantea desafíos concretos:

• Identificar el origen de los insumos críticos
• Evaluar a los proveedores, incluso más allá del primer nivel
• Contar con documentación que respalde las condiciones de producción
• Incorporar criterios básicos de debida diligencia en sus procesos

No se trata necesariamente de grandes transformaciones inmediatas, pero sí de comenzar a ordenar información que hasta ahora no era prioritaria.

Otro punto relevante es que este tipo de exigencias funciona, en los hechos, como una barrera no arancelaria.

Ya no alcanza con cumplir con aranceles, normas técnicas o requisitos sanitarios: la forma en que se produce comienza a ser tan importante como el producto en sí.

La inclusión de Argentina en esta revisión debe interpretarse como una señal temprana. No implica un problema actual, pero sí anticipa hacia dónde se está moviendo el comercio internacional.

En este escenario, las empresas que se anticipen —aunque sea de manera gradual— estarán mejor posicionadas, no solo para reducir riesgos operativos, sino también para sostener y fortalecer sus relaciones comerciales en mercados cada vez más exigentes como Estados Unidos.

En MJE Comercio Exterior asesoramos a empresas en la adecuación de sus operaciones a estándares internacionales de cumplimiento, incluyendo trazabilidad de cadenas de suministro y prevención de riesgos regulatorios en exportaciones a Estados Unidos.

Contactanos para evaluar el impacto en tu operatoria y anticiparte a nuevas exigencias del comercio internacional.

Andrea Zavatto es abogada argentina especialista en comercio exterior y estrategia de internacionalización. Asesora a empresas en Argentina y Estados Unidos. Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros y la Customs and International Trade Bar Association (CITBA).

En 2025, Argentina exportó más volumen al mercado chino que a Estados Unidos. Sin embargo, una mayor cantidad de empresas argentinas lograron ingresar al mercado estadounidense.

Este dato plantea una pregunta interesante: ¿qué modelo de inserción internacional resulta más conveniente para las empresas?

Un dato que cambia la mirada

Durante una reciente presentación en el Comité de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, el Dr. Federico Bernini compartió un dato que invita a repensar la estrategia exportadora del país.

• Exportaciones agroindustriales a China: USD 8.199 millones
• Exportaciones a Estados Unidos: USD 2.012 millones

Sin embargo:

• Empresas exportando a EE.UU.: 1083
• Empresas exportando a China: 514

China vs Estados Unidos: dos modelos distintos

Estos números reflejan dos modelos de comercio exterior muy diferentes:

• China: alto volumen, pero concentrado
• Estados Unidos: menor volumen relativo, pero mucho más diversificado

En términos prácticos, esto sugiere que el mercado estadounidense resulta más accesible para una mayor cantidad de empresas argentinas.

¿Qué significa esto para las empresas?

Para las empresas exportadoras, este escenario abre una oportunidad concreta.

El mercado estadounidense presenta condiciones que, en muchos casos, facilitan el ingreso:

• mayor diversificación de demanda
• afinidad comercial
• contexto internacional favorable

Esto configura una ventana de oportunidad relevante para repensar estrategias de internacionalización.

Exportar a EE.UU.: oportunidad y desafío

Sin embargo, ingresar al mercado estadounidense implica operar bajo estándares más exigentes.

No se trata únicamente de precio, sino de:

• cumplimiento normativo
• certificaciones
• procesos eficientes
• cumplimiento de tiempos
• evaluación constante como proveedor

Un aspecto clave es comprender cómo el cliente mide a sus proveedores y cuáles son los indicadores (KPI) que determinan su confiabilidad.

Conclusión

Más allá del atractivo del mercado, el verdadero diferencial está en la preparación estratégica.

No se trata solo de ingresar, sino de sostenerse y crecer en el tiempo.

Desde MJE Comercio Exterior acompañamos a empresas en el análisis y desarrollo de estrategias de inserción en mercados internacionales, con foco en decisiones basadas en información y criterios económicos.

Este análisis se basa en el artículo publicado por la Dra. María José Etulain Sórensen, directora de MJE Global y especialista en comercio exterior.

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Dra. María José Etulain Sórensen
Abogada especialista en Derecho Aduanero, dumping y gestión de riesgos
Consultora en comercio exterior e internacionalización
Miembro de la Customs and International Trade Bar Association (CITBA)
Directora de MJE Global

Análisis comparado a partir del reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos y su paralelismo con la doctrina argentina sobre legalidad tributaria.

Autora: Dra. Andrea Zavatto
Fecha: 22 de febrero de 2026
Publicación original: Mercojuris
Área: Comercio Internacional · Derecho Aduanero · Tributación

El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos y los límites a los aranceles de emergencia

El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió en Learning Resources, Inc. v. Trump que la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) no autoriza al Presidente a imponer aranceles. Doce años antes, la Corte Suprema argentina, en Camaronera Patagónica S.A., había reafirmado que los derechos de exportación son tributos cuya creación corresponde al Congreso.

Aunque nacidos en contextos distintos, ambos precedentes convergen en una misma advertencia institucional: cuando el Poder Ejecutivo intenta fundar potestad tributaria en habilitaciones genéricas, los tribunales formulan la misma pregunta esencial: ¿dónde está la ley del Congreso que autoriza con precisión el tributo?

Aranceles, emergencia económica y reserva de ley en EE. UU.

El caso estadounidense surge en un escenario de aranceles masivos dictados bajo declaración de emergencia y defendidos exclusivamente sobre la base de la IEEPA. La Corte sostuvo que el poder de “lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises” pertenece al Congreso y que el verbo “regulate” no puede interpretarse como sinónimo de “tax”.

Asimismo, exigió una autorización legislativa clara frente a lo que calificó como una “gran decisión” de política económica. Más allá de las diferencias metodológicas internas, el mensaje institucional fue nítido: la emergencia económica no transforma, por sí sola, una facultad regulatoria en poder tributario.

Camaronera Patagónica y el principio de legalidad tributaria en Argentina

La controversia argentina, aunque anterior y de matriz distinta, expone una tensión similar. En Camaronera Patagónica S.A., la Corte Suprema consideró que los derechos de exportación fijados por resolución ministerial tenían indudable naturaleza tributaria y vulneraban el principio de legalidad.

Aun reconociendo la variabilidad del comercio exterior, el Tribunal insistió en que el Congreso debe definir con claridad los elementos esenciales del tributo, pudiendo —a lo sumo— habilitar al Poder Ejecutivo a ajustar alícuotas dentro de parámetros previamente fijados por ley.

Convergencias constitucionales y límites al poder de gravar

La lectura comparada revela una convergencia conceptual relevante. En ambos sistemas, los tributos no se presumen ni se infieren de cláusulas amplias. En Estados Unidos, la Corte desconfía de que el Congreso haya “ocultado” la potestad arancelaria dentro de una ley de emergencia.

En Argentina, incluso frente a la dinámica del comercio exterior, se exige una arquitectura legislativa completa: hecho imponible, sujetos alcanzados y alícuota (o escala). Las diferencias doctrinales no alteran el núcleo común: el poder de gravar sigue siendo una prueba de estrés para la separación de poderes.

Implicancias prácticas para el comercio internacional

Este paralelismo no es casual. La Constitución Argentina de 1853 fue concebida bajo la influencia del modelo estadounidense. La reforma de 1994 profundizó los cerrojos formales al prohibir la delegación legislativa salvo supuestos tasados y vedar los decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria.

En Estados Unidos, el fallo recalibra la IEEPA como herramienta de sanciones y control económico, pero no como vía para rediseñar la política arancelaria general sin intervención legislativa. En Argentina, Camaronera Patagónica mantiene plena vigencia como advertencia de técnica legislativa: la invocación de la emergencia no suple la reserva de ley cuando están en juego tributos.

En definitiva, ambos precedentes recuerdan que la política económica puede requerir flexibilidad, pero la potestad de gravar exige legitimidad democrática explícita. Cuando el impuesto “vuelve” al Congreso, no se trata de formalismo, sino de la lógica constitucional básica de los sistemas representativos.

Dra. Andrea Zavatto

Abogada – Especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología Legal
Directora – MJE Comercio Exterior SRL
Socia Consultora – MJE Global (USA)
Dirección General – Dumping Experts

Artículo publicado originalmente en Mercojuris. Reproducido con autorización de la autora.

En un escenario internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas, políticas industriales activas y una utilización estratégica del derecho comercial, las regulaciones estadounidenses en materia de comercio internacional adquieren un impacto que trasciende ampliamente sus fronteras.

A partir de un panel de alto nivel organizado por la Customs and International Trade Bar Association (CITBA), este artículo analiza cómo la convergencia entre comercio, defensa, controles de exportación y seguridad nacional está redefiniendo las reglas del intercambio global, generando nuevos riesgos regulatorios para empresas y operadores económicos.

Desde una perspectiva jurídica y estratégica, la Dra. María José Etulain Sórensen examina los efectos de estas prácticas regulatorias en las cadenas globales de valor y los desafíos específicos que este contexto plantea para la Argentina, tanto en su rol de exportador como de destino de bienes de origen estadounidense.

La colisión de regímenes regulatorios

Uno de los aspectos centrales del debate actual en materia de comercio internacional es la superposición de regímenes regulatorios que históricamente se analizaban de forma separada. Comercio exterior, defensa, controles de exportación y seguridad nacional hoy interactúan de manera intensa, dando lugar a un entramado normativo complejo y altamente sensible desde el punto de vista político.

Esta convergencia explica por qué decisiones vinculadas a licencias, listados restrictivos, tránsito internacional o abastecimiento ya no pueden evaluarse únicamente desde una lógica técnica o aduanera tradicional, sino que requieren una comprensión integral del contexto regulatorio y geopolítico.

Del enfoque arancelario a los controles de exportación

Un cambio relevante detectado en el sector empresarial estadounidense es el desplazamiento del foco de riesgo. Mientras que en años anteriores la atención se centraba en aranceles y clasificación arancelaria, actualmente los controles de exportación se posicionan como la principal fuente de incertidumbre.

Las licencias, las restricciones por razones de seguridad nacional y el riesgo de reexportaciones no autorizadas se han convertido en factores críticos para la toma de decisiones comerciales, especialmente en operaciones que involucran múltiples jurisdicciones.

Impactos extraterritoriales y cadenas globales de suministro

Las regulaciones y prácticas estadounidenses no se limitan al ámbito doméstico. Sus efectos se proyectan extraterritorialmente y alcanzan a empresas, operadores logísticos y entidades financieras ubicadas fuera de los Estados Unidos, incluso cuando participan de manera indirecta en operaciones vinculadas a bienes, tecnología o capital de origen estadounidense.

Las exigencias de due diligence, los controles de cumplimiento y la aplicación de reglas de “conozca a su cliente” (KYC) plantean desafíos significativos para quienes operan en cadenas globales de suministro cada vez más complejas.

Implicancias específicas para la Argentina

Desde la perspectiva argentina, este contexto presenta desafíos concretos. Si bien sectores como combustibles, energía o productos agrícolas no suelen asociarse de manera directa con bienes sensibles desde el punto de vista tecnológico, las operaciones pueden quedar igualmente alcanzadas por regulaciones estadounidenses cuando involucran insumos, financiamiento, tecnología o logística vinculados a terceros países sujetos a restricciones.

Asimismo, adquiere especial relevancia el análisis del destino final de los bienes exportados a la Argentina por empresas estadounidenses, a fin de evitar reexportaciones hacia países con restricciones, como China, en esquemas triangulados o regionales de distribución.

Compliance y asesoramiento estratégico

El escenario descripto refuerza el rol del compliance como una función estratégica, alejada de una visión meramente formal. La correcta interpretación del marco normativo estadounidense, la evaluación preventiva de riesgos y la comprensión del contexto geopolítico resultan indispensables para la toma de decisiones comerciales.

Si bien las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial pueden aportar valor al análisis de información, existe consenso en que el criterio profesional y la responsabilidad humana continúan siendo insustituibles.

En este contexto, el análisis jurídico–regulatorio aplicado al comercio internacional se convierte en una herramienta central para la gestión empresarial. La identificación temprana de riesgos, la evaluación del impacto normativo y el diseño de estrategias de cumplimiento resultan determinantes para evitar contingencias legales y operativas.

Desde MJE Comercio Exterior brindamos asesoramiento integral en derecho aduanero y comercio exterior, con foco en compliance regulatorio, análisis de impacto de normas extranjeras y estrategia jurídica aplicada a operaciones internacionales, acompañando a empresas y operadores en la toma de decisiones complejas.

Más información sobre nuestras áreas de práctica en Derecho Aduanero y Comercio Exterior.

Artículo publicado originalmente en Mercojuris
“Regulaciones y prácticas estadounidenses en materia de comercio internacional: impactos globales y desafíos específicos para Argentina”
Autora: Dra. María José Etulain Sórensen

Dra. María José Etulain Sórensen
Abogada especialista en Derecho Aduanero, dumping y gestión de riesgos
Consultora en comercio exterior e internacionalización
Miembro de la Customs and International Trade Bar Association (CITBA)
Directora de MJE Global

La disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) representa un cambio relevante dentro del sistema metrológico argentino, con implicancias directas para las empresas que operan en comercio exterior.

En este contexto, la Dra. Andrea Zavatto, Abogada especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología Legal, Directora de MJE Comercio Exterior SRL, Socia Consultora en MJE Global (USA) y responsable de la Dirección General de Dumping Experts, analiza los alcances jurídicos y los desafíos operativos inmediatos que plantea esta reconfiguración institucional.

El artículo ofrece una mirada técnica y estratégica sobre el impacto regulatorio del nuevo esquema metrológico, especialmente en relación con el cumplimiento normativo, la trazabilidad de las mediciones y la adaptación de los operadores a los cambios vigentes.

Este contenido se basa en un análisis publicado originalmente en Mercojuris, y se presenta aquí en formato institucional con fines informativos.

Leé el artículo completo de la Dra. Andrea Zavatto en Mercojuris.

Dra. Andrea Zavatto

Abogada – Especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología Legal
Directora – MJE Comercio Exterior SRL
Socia Consultora – MJE Global (USA)
Dirección General – Dumping Experts

Por Dra. Andrea Zavatto

Garantías y estándares internacionales

El principio del debido proceso constituye una garantía fundamental reconocida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. En el ámbito del derecho aduanero, su aplicación adquiere particular relevancia debido a la intensidad del control estatal y a las consecuencias jurídicas y económicas que pueden derivarse de los procedimientos administrativos.

El análisis del debido proceso en los procedimientos aduaneros argentinos exige considerar tanto el marco normativo interno como los estándares internacionales aplicables, en especial aquellos derivados del derecho internacional de los derechos humanos y del sistema multilateral de comercio.

El debido proceso como garantía constitucional

La Constitución Nacional establece que nadie puede ser privado de sus derechos sin un juicio previo fundado en ley. Este principio, extensible al ámbito administrativo, implica que toda actuación de la autoridad aduanera debe respetar un conjunto de garantías mínimas destinadas a asegurar la legalidad, razonabilidad y legitimidad del procedimiento.

En este sentido, el debido proceso opera como un límite al ejercicio de las potestades administrativas y como una garantía esencial frente a decisiones que puedan afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados.

Aplicación del debido proceso en el procedimiento aduanero

El procedimiento aduanero presenta particularidades que justifican un análisis específico del alcance del debido proceso. Entre ellas, se destacan:

• la amplitud de las facultades de fiscalización y control de la autoridad aduanera,
• la complejidad técnica de las operaciones de comercio exterior,
• y la posible imposición de sanciones de carácter administrativo y económico.

Estas características refuerzan la necesidad de asegurar un procedimiento que respete plenamente las garantías constitucionales y legales.

Principales garantías procesales involucradas

Entre las garantías que integran el debido proceso en materia aduanera, pueden mencionarse:

Derecho de defensa

El administrado debe contar con la posibilidad efectiva de conocer los cargos formulados, acceder al expediente, ofrecer y producir prueba, y formular los descargos que estime pertinentes antes de que se adopte una decisión definitiva.

Principio de legalidad

Las actuaciones de la administración deben fundarse en normas vigentes y aplicarse de manera razonable y proporcional, evitando interpretaciones arbitrarias o extensivas que perjudiquen al administrado.

Motivación de los actos administrativos

Los actos dictados en el marco del procedimiento aduanero deben encontrarse debidamente motivados, explicitando los hechos, las pruebas y las normas jurídicas en las que se sustentan.

Plazo razonable

El procedimiento debe desarrollarse dentro de plazos razonables, evitando dilaciones indebidas que afecten la seguridad jurídica y el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales.

Estándares internacionales aplicables

El análisis del debido proceso en materia aduanera no puede prescindir de los estándares internacionales. Los tratados de derechos humanos, así como los principios reconocidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, establecen parámetros mínimos que los Estados deben respetar en sus procedimientos administrativos.

Estos estándares refuerzan la exigencia de procedimientos transparentes, previsibles y respetuosos del derecho de defensa, y constituyen una guía relevante para la interpretación y aplicación del derecho aduanero interno.

Consideraciones finales

El respeto del debido proceso en los procedimientos aduaneros constituye un elemento central para garantizar la legalidad de las actuaciones administrativas y la protección de los derechos de los operadores de comercio exterior.

Su correcta aplicación contribuye a fortalecer la seguridad jurídica, la previsibilidad del sistema y la confianza en las instituciones encargadas del control aduanero, en consonancia con los compromisos asumidos por la República Argentina en el plano constitucional e internacional.

Ponencia académica

Versión web de la ponencia
“Debido proceso en los procedimientos aduaneros argentinos: garantías y estándares internacionales”

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Dra. Andrea Zavatto

Abogada – Especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología Legal