Cancún fue, el pasado 8 de octubre, escenario de una de esas experiencias que recuerdan el verdadero sentido de la vida académica: encontrarse para compartir conocimientos, contrastar perspectivas y, sobre todo, formular nuevas preguntas ante nuevas tecnologías y realidades.

En ese espíritu, las palabras de cierre del profesor doctor Andrés Rohde Ponce, presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero (ICLA), constituyeron una invitación a recordar qué es la Academia y quiénes la integran: personas que, con vocación desinteresada por el estudio y la difusión de nuestra especialidad, encuentran en el intercambio de conocimientos una expresión de su compromiso con el desarrollo del derecho aduanero.

El Workshop Internacional «Sistemas electrónicos aduaneros frente a auditorías de comercio exterior: su probanza en los procedimientos legales», organizado por la ICLA, reunió a profesionales de todo el continente para compartir conocimientos y reflexiones sobre la transformación tecnológica de las administraciones aduaneras y los desafíos que plantea la utilización de información digital en el comercio internacional.

Las exposiciones sobre la modernización de la aduana mexicana, el aprovechamiento de los datos de las operaciones de comercio exterior y las posibilidades de la inteligencia artificial ofrecieron un panorama de las herramientas que comienzan a transformar nuestra disciplina.

Sin embargo, más allá de las tecnologías presentadas, el encuentro invitó a considerar una cuestión anterior y posiblemente más importante: ¿para qué queremos modernizar las aduanas?

La tecnología no define los fines

Entre los proyectos expuestos se encontraron iniciativas de integración de sistemas, automatización de procesos, análisis predictivo de riesgos, fortalecimiento de la trazabilidad de las operaciones y desarrollo de inteligencia agéntica para la clasificación de mercancías. La transformación digital promete mejorar la capacidad de las administraciones para procesar información, identificar inconsistencias y adoptar decisiones.

Son avances relevantes. Pero la tecnología, por sofisticada que sea, no establece por sí misma cuáles deben ser los objetivos de una institución pública.

Una administración puede utilizar sistemas inteligentes para incrementar su capacidad fiscalizadora, acelerar el despacho de mercaderías, facilitar el cumplimiento voluntario o mejorar la calidad de sus servicios. Estas posibilidades no son necesariamente excluyentes, pero su combinación y sus prioridades responden a decisiones institucionales, jurídicas y políticas, no informáticas.

Una de las ideas más significativas de las presentaciones fue, precisamente, que la modernización aduanera no depende únicamente de incorporar nuevas tecnologías, sino también de la colaboración entre las autoridades y los integrantes de la cadena logística.

Esa afirmación permite ampliar el análisis: modernizar no consiste solamente en sustituir procedimientos manuales por procesos electrónicos. También exige revisar si los procedimientos que estamos automatizando siguen respondiendo a las necesidades del comercio contemporáneo.

De poco serviría aplicar inteligencia artificial a una estructura concebida para operaciones comerciales de otra época si no estamos dispuestos a reconsiderar sus procesos.

¿Recaudar más o facilitar mejor?

Las administraciones aduaneras cumplen funciones esenciales de control, recaudación, seguridad y facilitación del comercio. Ninguna de ellas puede ignorarse. Sin embargo, el orden de prioridades merece una reflexión.

Los derechos de aduana representan una proporción relativamente reducida de la recaudación tributaria total de las economías latinoamericanas, aunque su importancia varía entre países. De acuerdo con los datos disponibles, podemos situar esa participación en torno al 3 %^[1]. Es necesario distinguir estos derechos de otros tributos percibidos con ocasión de las importaciones, como el IVA, que conserva su naturaleza de impuesto interno aun cuando sea recaudado en frontera.

En ese sentido, no deberíamos perder de vista una cuestión elemental: la actividad económica es la que genera la riqueza sobre la cual el Estado recauda (IVA e impuesto a la renta).

En materia de comercio exterior, colocar sistemáticamente la recaudación de los aranceles aduaneros por delante de la facilitación del comercio internacional puede equivaler a poner el carro delante del caballo.

Las demoras, los costos de cumplimiento, la incertidumbre y los obstáculos administrativos innecesarios afectan la competitividad de las empresas y, especialmente, la capacidad de los pequeños operadores para participar del comercio internacional.

La recaudación es una función legítima e indispensable del Estado. Pero no constituye, por sí misma, una medida suficiente del éxito de la administración pública cuando hablamos de comercio exterior.

Una aduana eficiente debe recaudar lo que legalmente corresponde, controlar los riesgos relevantes y permitir que las operaciones legítimas se desarrollen con previsibilidad, seguridad jurídica y costos razonables.

Su desempeño debería evaluarse también por lo que hace posible fuera de sus propias oficinas: producción, inversión, abastecimiento, empleo y desarrollo económico.

Facilitar el comercio también exige protegerlo

La facilitación del comercio tampoco debe interpretarse como una apertura indiferente a sus consecuencias económicas.

Cuando determinadas importaciones causan daño a una rama de producción nacional, corresponde examinar oportunamente si existen prácticas comerciales desleales que justifiquen la aplicación de los instrumentos de defensa comercial previstos por el ordenamiento jurídico.

En materia antidumping, ello requiere acreditar los presupuestos legales correspondientes: existencia de dumping, daño y relación causal, con pleno respeto de las garantías del procedimiento. No toda dificultad competitiva de la industria nacional configura una situación de dumping, ni toda importación perjudicial autoriza una medida de defensa comercial.

Pero cuando esos requisitos se verifican, la rapidez y oportunidad de la respuesta resultan decisivas. Una medida que llega después de la desaparición de la actividad productiva puede haber perdido buena parte de su eficacia.

Tampoco debemos olvidar que una industria nacional genera mucho más que producción. Genera empleo, ingresos familiares, consumo, compras a proveedores y recaudación tributaria a lo largo de toda la actividad económica.

La protección frente a prácticas desleales y la facilitación del comercio legítimo no son objetivos contradictorios. Ambos procuran que el intercambio internacional se desarrolle dentro de reglas jurídicas que permitan una competencia leal.

Desde esta perspectiva, la eficacia de las instituciones vinculadas al comercio exterior no puede medirse únicamente por los ingresos obtenidos en frontera. También debe considerar la preservación de las condiciones que permiten crear riqueza y sostener la actividad económica.

Inteligencia artificial: ¿para perseguir errores o facilitar el cumplimiento?

Una de las exposiciones del workshop propuso recorrer un camino que nos lleve desde las operaciones comerciales hasta los datos que genera; luego desde dichos datos a la información; finalmente desde la información hacia el conocimiento útil para tomar decisiones.

La idea es poderosa: las operaciones de comercio exterior ya generan enormes cantidades de información. El desafío consiste en conectarla, interpretarla y convertirla en conocimiento para que un humano tome decisiones.

La inteligencia artificial abre posibilidades extraordinarias para analizar documentación, identificar patrones, detectar riesgos y mejorar la consistencia de los controles.

Pero también plantea una pregunta que considero fundamental: ¿vamos a utilizar esa capacidad principalmente para encontrar más infracciones o para conseguir que existan menos incumplimientos?

La diferencia no es menor.

Una herramienta que identifica inconsistencias puede utilizarse para iniciar fiscalizaciones, pero también para advertir preventivamente a los operadores, explicar obligaciones, corregir errores antes de que produzcan consecuencias jurídicas y simplificar los procedimientos de cumplimiento.

Para una gran empresa, una observación aduanera puede representar un costo administrativo adicional. Para un pequeño importador, puede comprometer seriamente la continuidad de su actividad.

Por eso, el desarrollo tecnológico debería contribuir a reducir las asimetrías entre la administración y los ciudadanos administrados, en lugar de profundizarlas.

Esto no implica debilitar la lucha contra el fraude. Por el contrario, una gestión de riesgos eficaz debería permitir concentrar los recursos públicos en las operaciones que verdaderamente requieren mayor atención, evitando trasladar cargas innecesarias a quienes procuran cumplir sus obligaciones.

Una aduana moderna no debería aspirar simplemente a encontrar más infractores, sino a construir condiciones para que el cumplimiento de la ley resulte cada vez más sencillo, accesible y previsible.

La prueba digital y la responsabilidad jurídica

El propio título del workshop introdujo otra dimensión esencial: el valor probatorio de los sistemas electrónicos aduaneros en los procedimientos legales.

La posibilidad de reunir, procesar y relacionar información no significa que toda conclusión obtenida mediante un sistema automatizado constituya, por sí misma, prueba suficiente de un incumplimiento.

Cuando la inteligencia artificial interviene en la identificación de riesgos o en el análisis de una operación, adquieren especial relevancia la integridad de los datos, la trazabilidad de los procesos, la posibilidad de comprender los fundamentos de una decisión y el derecho del administrado a cuestionarla.

La opacidad tecnológica no puede transformarse en opacidad jurídica.

Una de las presentaciones destacó la importancia de mantener al ser humano dentro del circuito de control: la inteligencia artificial puede organizar información y sugerir conclusiones, pero corresponde al especialista validar los resultados y asumir la responsabilidad legal pertinente.

Ese principio merece especial atención. La supervisión humana no debería convertirse en una formalidad destinada a convalidar automáticamente las conclusiones de un sistema. Debe implicar una revisión real, fundada y susceptible de control.

Los algoritmos no sustituyen las obligaciones de los importadores, exportadores y demás sujetos intervinientes. Tampoco liberan a las autoridades de su responsabilidad por los actos administrativos que dictan.

Cuanto mayor sea la capacidad tecnológica del Estado para fiscalizar, mayor debe ser su compromiso con la transparencia, la proporcionalidad, la seguridad jurídica y el debido proceso.

En definitiva, la inteligencia artificial puede contribuir a producir y analizar evidencia. Pero la valoración jurídica de esa evidencia continúa sometida a las reglas y garantías propias del derecho.

Volvamos a la pregunta inicial: ¿Para qué queremos modernizar las aduanas?

Las transformaciones tecnológicas nos obligan a revisar herramientas, procedimientos y conocimientos. Pero también ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre los fines de las instituciones que estamos transformando.

La aduana no existe para recaudar por recaudar, controlar por controlar ni digitalizar por digitalizar. Sus funciones encuentran sentido dentro de una organización jurídica y económica destinada a servir a la sociedad.

Facilitar el comercio legítimo, combatir las prácticas desleales, asegurar el cumplimiento de la ley, proteger el interés público y garantizar los derechos de los ciudadanos administrados forman parte de una misma responsabilidad institucional.

La tecnología puede ayudarnos a cumplirla mejor. No puede decidir por nosotros cuál debe ser la finalidad institucional.

Me llevo de Cancún esa convicción y, sobre todo, nuevas preguntas. Porque el valor de un encuentro académico no reside exclusivamente en las respuestas que ofrece, sino también en las reflexiones que continúa provocando cuando sus participantes regresan a sus actividades.

Eso es, para mí, academia en estado puro.

Y acaso sea también el mayor desafío del derecho aduanero frente a la inteligencia artificial: conseguir que las herramientas del futuro estén al servicio de los principios jurídicos, en especial de la libertad y la propiedad de las personas, evitando que estas terminen al servicio de tecnologías capaces de perseguir sus errores con una eficacia aparentemente infalible.

Porque sería un desenlace indeseable que, deslumbrados por la abundancia de datos, termináramos perdiendo de vista la realidad que esos datos pretenden representar y, sobre todo, el respeto debido a los ciudadanos, a cuyo servicio debe estar toda administración pública, independientemente de las herramientas humanas o tecnológicas que utilice.

^[1] Fuente: OCDE et al. (2026), Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026, capítulo 4, cuadros de ingresos tributarios detallados por país, datos correspondientes a 2024. Cálculo propio mediante el promedio aritmético simple de la participación de los derechos de aduana e importación (partida 5123) en los ingresos tributarios totales de 17 países latinoamericanos con información disponible. Se excluyen los impuestos sobre las exportaciones (partida 5124), así como los países del Caribe no latinoamericano. Resultado estimado: 3 %.

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Autora

Dra. María José Etulain Sórensen

Consultora en comercio exterior & estrategia de internacionalización. Asesora de empresas en Argentina y EE.UU. Abogada especialista en Aduana Argentina, dumping y gestión de riesgos. Miembro de la Customs and International Trade Bar Association (CITBA – USA). Académica 96 de la International Customs Law Association (ICLA). Foreign Legal Consultant de derecho argentino registrada en el Bar de Florida (EE.UU.). Coordinadora del Comité de Comercio Exterior de la Cámara Argentino Americana de Comercio de Florida (EE.UU.). Directora de MJE Global.

Fuente / publicación original

Artículo publicado originalmente en Mercojuris el 12 de octubre de 2026. Leer el artículo original en Mercojuris

Preguntas frecuentes

Por Dra. Andrea Zavatto | Derecho Aduanero · Comercio Exterior · Actualidad | 27 de septiembre de 2026

La Resolución 29/2026 de la Dirección General de Aduanas plantea una cuestión central para el régimen Courier: ¿puede una medida que modifica las condiciones operativas de un régimen de alcance general producir efectos sin publicación oficial?

El acto y su forma de eficacia

El 22 de septiembre de 2026, el Director General de Aduanas firmó la RESOL-2026-29-E-ARCA-DGADUA. La Resolución deja sin efecto las autorizaciones que permitían a los depósitos fiscales ceder espacios para operaciones de Courier bajo el Punto 15 del Anexo IV de la Resolución General N° 4352/18, y ordena que esos espacios queden «a plan barrido» en treinta días corridos. También dispone que los trámites pendientes se concluyan en la jurisdicción donde se encuentre la mercadería y remite las pautas de procedimiento y libramiento al micrositio «Envíos internacionales» de ARCA. Su artículo 4° ordena registrarla, notificarla a los sujetos habilitados por las resoluciones revocadas y comunicarla a la Cámara Argentina de Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos y a la Cámara de Depósitos Fiscales Privados. No ordena su publicación en el Boletín Oficial. Al momento de redactar estas líneas, no fue posible localizarla en el Boletín Oficial, en InfoLEG ni en la Biblioteca Electrónica de ARCA.

A primera vista, la elección del medio parece coherente. Si la Resolución solo revoca habilitaciones otorgadas a sujetos determinados, se trataría de actos de alcance particular, y para esos actos la notificación basta. Sin embargo, la Resolución no identifica cuáles son las resoluciones que deja sin efecto. Se refiere en forma genérica a «aquellas resoluciones» dictadas por dos Subdirecciones Generales «o de sus áreas dependientes», sin enumerarlas. Además, sus efectos alcanzan a más personas que los permisionarios de depósito, ya que deja sin efecto parte de una Resolución General, lo cual afecta a los operadores en general. Asimismo afecta a los prestadores Courier que operaban en esos espacios, a los importadores cuyos envíos circulaban por ellos —muchos de ellos consumidores que, sin saberlo, actúan como importadores— y, en definitiva, al funcionamiento de todo el régimen, porque el libramiento pasa a concentrarse en las jurisdicciones aeroportuarias de ingreso. A esto se suma que la Resolución delega en un sitio web las reglas procedimentales que regirán en adelante. Ahí surge la pregunta de fondo: si una medida que reorganiza dónde y cómo se liberan los envíos de todo un régimen simplificado puede producir efectos sin publicación oficial.

El marco legal: publicación vs. notificación

La Ley 19.549 responde con claridad para los actos de alcance general. Su artículo 11°, en el texto vigente, establece que para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación en el Boletín Oficial. El Reglamento de Procedimientos Administrativos va en la misma dirección: los actos de alcance general producen efectos a partir de su publicación oficial, y si no fijan fecha, a los ocho días contados desde el siguiente al de esa publicación.

El propio Reglamento prevé una excepción, que es el argumento más consistente a favor de la Administración. Quedan exceptuados los reglamentos referidos a la estructura orgánica de la Administración y las órdenes, instrucciones o circulares internas, que entran en vigencia sin necesidad de publicación. La cuestión es si puede calificarse como interna una decisión que obliga a desalojar espacios operativos privados en treinta días, traslada la conclusión de trámites pendientes y modifica el circuito de libramiento para terceros ajenos a la organización administrativa. La respuesta parece negativa. Una instrucción interna ordena la conducta de los agentes del Organismo; esta resolución, en cambio, redefine las condiciones en que los particulares operan.

Un plazo sin punto de partida cierto

La falta de publicación tiene además una consecuencia práctica que la resolución no resuelve. El artículo 2° computa los treinta días «a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente», pero el texto no contiene ninguna cláusula de vigencia. Sin publicación y sin fecha expresa, el plazo no tiene un punto de partida cierto. Si cada depósito lo computa desde su propia notificación, el régimen tendrá tantas fechas de vigencia como notificaciones, y los terceros alcanzados no tendrán ninguna. Este tipo de incertidumbre es, precisamente, uno de los riesgos que buscamos anticipar en nuestro trabajo de planificación estratégica de comercio exterior junto a empresas importadoras y exportadoras.

El estándar internacional: GATT y Facilitación del Comercio

El análisis no se agota en el derecho interno. El artículo X del GATT, dedicado a la publicación y aplicación de los reglamentos comerciales, dispone que las disposiciones administrativas de aplicación general referidas, entre otras materias, al transporte, el almacenamiento y la inspección de los productos importados deben publicarse con prontitud, para que gobiernos y comerciantes puedan conocerlas. Su segundo párrafo agrega que ninguna medida de carácter general que imponga una prescripción, restricción o prohibición nueva o más gravosa para las importaciones puede aplicarse antes de su publicación oficial. Se puede discutir si la concentración del libramiento en la zona aeroportuaria constituye una prescripción «más gravosa» en el sentido del párrafo 2. En cambio, la inclusión de la medida en el ámbito del párrafo 1 ofrece poco margen de duda: regula el almacenamiento y la verificación de mercaderías importadas.

El estándar se refuerza con el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. Su artículo 1° obliga a cada Miembro a publicar prontamente, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, los procedimientos de importación, exportación y tránsito, incluidos los que se aplican en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada. Su artículo 2° prevé que cada Miembro, en la medida de lo factible y conforme a su derecho interno, dé a los comerciantes y otros interesados oportunidades y un plazo adecuado para formular observaciones sobre las propuestas de nuevas leyes y reglamentos de aplicación general relativos al movimiento, levante y despacho de mercancías. El micrositio «Envíos internacionales» podría cumplir la función de difusión por internet que prevén estos acuerdos. Pero no sustituye la publicación oficial que la ley interna exige como condición de eficacia, ni suple la instancia previa de observaciones que la resolución omitió por completo.

Una reflexión más amplia

Nada de lo anterior cuestiona el objetivo de la medida. La propia Resolución reconoce que el régimen Courier experimentó un crecimiento exponencial que desbordó sus previsiones originales, y es razonable que el servicio aduanero quiera concentrar el control en una terminal específica. Tampoco se discute la precariedad de las habilitaciones. El tema invita a una reflexión más amplia sobre un fenómeno que no es nuevo en la práctica aduanera: la reorganización de regímenes de alcance general mediante actos formalmente particulares, notificados a unos pocos y comunicados a las cámaras sectoriales, cuyos efectos alcanzan a un universo indeterminado de operadores. La previsibilidad es uno de los valores centrales del derecho aduanero y del sistema multilateral que la Argentina se comprometió a respetar, y exige que los actos que modifican cómo circulan las mercaderías se publiquen por el canal que la ley establece.

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Autora

Dra. Andrea Zavatto
Abogada – Especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología Legal
Directora – MJE Comercio Exterior SRL
Socia Consultora – MJE Global (USA)
Dirección General – Dumping Experts

El crecimiento del comercio electrónico ha transformado la forma en que las personas compran productos en el exterior. Sin embargo, muchos consumidores desconocen que, al adquirir un bien a través de una plataforma internacional y recibirlo en Argentina mediante courier o el régimen puerta a puerta, jurídicamente están realizando una importación.

Esta realidad plantea un desafío cada vez más relevante: ¿qué sucede cuando el producto adquirido resulta ser una falsificación? ¿Puede existir responsabilidad para quien realizó la compra creyendo actuar de buena fe?

La experiencia de la Aduana de los Estados Unidos ofrece una respuesta interesante y abre un debate que Argentina aún tiene pendiente.

La estrategia de la CBP: informar antes que sancionar

Entre las respuestas que la aduana estadounidense despliega frente a la mercadería falsificada existe una herramienta que no consiste en incautar ni en sancionar, sino en advertir.

La U.S. Customs and Border Protection (CBP) mantiene una campaña permanente de concientización dirigida al consumidor mediante folletos, guías de compra responsable y un portal de denuncias. Su mensaje central es claro: comprar falsificaciones no es un acto neutro y quien lo hace no siempre es una víctima inocente.

Esta estrategia resulta especialmente interesante porque plantea una pregunta que Argentina, inmersa en la misma expansión del comercio electrónico internacional, todavía no se ha formulado con suficiente profundidad.

Enlaces externos sugeridos:
CBP – Fake Goods, Real Dangers: U.S. Customs and Border Protection – Fake Goods, Real Dangers

El consumidor como importador

El material elaborado por la CBP pone el foco en un aspecto que suele pasar inadvertido.

No se limita a explicar que las falsificaciones pueden ser de baja calidad, peligrosas para la salud o incluso financiar organizaciones criminales. Va un paso más allá y advierte que importar mercadería falsificada o pirata constituye una conducta ilegal, pudiendo el comprador individual quedar sujeto a consecuencias aun cuando no haya tenido la intención de adquirir un producto falso.

La responsabilidad no se agota en el vendedor extranjero ni en el operador logístico. También alcanza al comprador que concreta la operación.

Este enfoque parte de reconocer una realidad propia del comercio electrónico moderno: millones de consumidores se convierten en importadores sin advertirlo.

Quien compra en una plataforma del exterior y recibe el producto en su domicilio está realizando técnicamente una importación, con las obligaciones, restricciones y prohibiciones que ello implica, aunque perciba la operación simplemente como una compra por internet.

La campaña de concientización busca precisamente reducir esa brecha entre la realidad jurídica y la percepción del consumidor.

Un escenario cada vez más relevante para Argentina

La utilidad de una estrategia similar en Argentina resulta evidente al observar la evolución del comercio electrónico internacional.

El crecimiento de las compras mediante courier y del régimen puerta a puerta ha incrementado significativamente el número de consumidores que adquieren productos directamente en el exterior, sin intervención de operadores especializados.

La simplificación de estos regímenes ha facilitado el acceso a mercados internacionales, pero también ha multiplicado la cantidad de personas que actúan como importadores ocasionales sin conocer el marco jurídico aplicable.

Muchos consumidores ignoran que la importación de mercadería con marcas falsificadas está prohibida y que las consecuencias pueden ir mucho más allá de la simple pérdida del paquete.

Para profundizar sobre este riesgo, puede consultarse nuestro artículo “Fraude marcario: el riesgo silencioso del importador digital”.

El desafío pendiente: comunicar

El problema no radica en la ausencia de destinatarios, sino en la falta de herramientas de información.

Tradicionalmente, la comunicación estatal en materia de comercio exterior ha estado orientada al operador profesional: despachantes de aduana, importadores habituales, exportadores y empresas.

El consumidor final ha permanecido prácticamente fuera del radar informativo, pese a convertirse en un actor cada vez más relevante dentro del comercio internacional.

Hoy resulta necesario explicar al comprador de e-commerce que, desde el punto de vista jurídico, también está realizando una importación y cuáles son las prohibiciones aplicables a los productos que adquiere.

Implementar una política de concientización no requeriría necesariamente modificar la legislación vigente.

Las normas que regulan el ingreso de mercadería falsificada y las responsabilidades vinculadas con las operaciones de importación forman parte del marco del Derecho Aduanero.

Lo que falta es traducir ese marco normativo a un lenguaje claro y acercarlo al consumidor a través de los mismos canales donde realiza sus compras.

Informar sin generar temor

Una eventual campaña de concientización debería mantener un adecuado equilibrio.

El objetivo no puede ser intimidar al consumidor de buena fe que fue engañado por un vendedor, sino brindarle herramientas para reducir los riesgos antes de concretar la compra.

En este aspecto, el modelo estadounidense resulta especialmente interesante porque combina la advertencia legal con recomendaciones prácticas, como verificar la reputación del vendedor, desconfiar de precios inusualmente bajos, comprar en canales autorizados y denunciar posibles falsificaciones.

Informar sin alarmar debería ser el eje de cualquier adaptación argentina.

Una oportunidad para mejorar el modelo

Una adaptación local incluso podría superar el modelo estadounidense en un aspecto importante.

Actualmente, los canales de la CBP están orientados principalmente a denunciar falsificaciones una vez detectadas.

Sin embargo, nada impediría que Argentina incorporara un canal de consulta preventiva donde el consumidor pudiera plantear dudas antes de realizar la compra.

Un mecanismo de estas características fortalecería el enfoque preventivo y ofrecería una herramienta concreta para quienes desean actuar de buena fe y cumplir con la normativa vigente.

Una herramienta sencilla con alto impacto

Entre las distintas medidas que utiliza la Aduana de los Estados Unidos para combatir la falsificación, probablemente la campaña de concientización dirigida al consumidor sea una de las más fácilmente trasladables a la realidad argentina.

No exige crear nuevos organismos ni modificar la estructura del control aduanero.

Simplemente requiere asumir que el consumidor de comercio electrónico también es un importador y que necesita conocer las reglas que regulan esa condición.

En un contexto donde las compras internacionales continúan creciendo, educar al consumidor deja de ser una política meramente comunicacional para convertirse en una herramienta preventiva esencial.

La falsificación seguirá intentando ingresar por los mismos canales. La diferencia estará en que, del otro lado, exista un consumidor informado que comprenda las implicancias jurídicas de aquello que decide comprar.

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Autora

Dra. Andrea Zavatto
Abogada – Especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología Legal
Directora – MJE Comercio Exterior SRL
Socia Consultora – MJE Global (USA)
Dirección General – Dumping Experts

Preguntas frecuentes

Hay normas que envejecen sin perder vigencia, sino todo lo contrario: la realidad las alcanza y de pronto adquieren un peso que su redacción original no anticipaba. Es lo que ocurre hoy con la prohibición de importar o exportar mercadería con marca falsificada o de copia pirata. El artículo 46 de la Ley 26.458 y su reglamentación operativa a través de la Resolución General N° 4571/2019, conforman un régimen que ya tiene años, pero que la explosión del comercio electrónico, la velocidad de las comunicaciones y la irrupción de la inteligencia artificial han vuelto súbitamente central para miles de operadores que antes ni siquiera se sabían expuestos.

Cómo funciona la prohibición

El fondo de la cuestión es sencillo de enunciar. La ley prohíbe la importación o exportación de mercaderías, bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple verificación de la misma resultare que se trata de mercadería con marca de fábrica o de comercio falsificada o de copia pirata. Cuando la situación no es evidente, el servicio aduanero puede suspender el libramiento hasta siete días hábiles para consultar al titular del derecho y darle la oportunidad de requerir al juez las medidas cautelares que estime corresponderle. La Resolución General N° 4571/2019 ordena el procedimiento: articula el llamado Sistema de Asientos de Alerta, dispone el bloqueo del trámite por un día hábil para las destinaciones alcanzadas, prevé la comunicación al titular marcario inscripto y establece que, de resultar positiva la existencia o presunción de fraude marcario, se inician las actuaciones legales y administrativas que correspondan.

Por qué el comercio electrónico cambió el panorama

Lo que ha cambiado no es la norma sino el universo de sujetos que hoy quedan bajo su alcance. Durante años, la falsificación marcaria fue un problema de contenedores y de importadores profesionales que conocían el terreno que pisaban. El comercio electrónico alteró esa geografía por completo. El emprendedor que revende a través de un marketplace, el que opera bajo esquemas de dropshipping y jamás toca físicamente la mercadería que comercializa, el pequeño importador que compra por catálogo a un proveedor del exterior que apenas conoce, todos ellos participan hoy de cadenas de suministro largas, opacas y veloces, donde el origen y la autenticidad de un producto pueden diluirse en un puñado de intermediarios. La inteligencia artificial, que hoy permite reproducir logotipos, empaques y hasta certificados con una fidelidad inquietante, agrega una capa adicional de riesgo: distinguir lo genuino de lo falso es cada vez más difícil incluso para quien actúa de buena fe.

Un riesgo que rara vez viaja solo

Aquí conviene ser claro sobre la gravedad de lo que está en juego, porque suele subestimarse. El fraude marcario rara vez viaja solo. En la práctica, la mercadería que ostenta una marca apócrifa puede llegar amparada en una declaración que no coincide con lo que la aduana termina comprobando, y ese desajuste abre la puerta a la infracción de declaración inexacta del artículo 954 del Código Aduanero. Conviene además advertir que, según las circunstancias del caso, la conducta puede trascender el plano infraccional y derivar en una causa penal, ya sea por el delito de contrabando previsto en el Código Aduanero, ya sea por las figuras penales contempladas en la Ley de Marcas, extremo que agrega al riesgo económico una dimensión que ningún operador debería desatender.

El costo económico de un fraude marcario

La sanción puede ser considerable. El artículo 954, en su inciso b), reprime la declaración que hubiera podido producir una transgresión a una prohibición a la importación o exportación con una multa de una a cinco veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. La base de cálculo no es la diferencia de tributos ni un ajuste marginal, sino el valor íntegro de la mercadería, susceptible de quintuplicarse. Un fraude marcario mal gestionado puede así resultar tan oneroso como la más severa de las declaraciones inexactas, con el agravante de que la mercadería, al tratarse de importación prohibida, no es rescatable y queda destinada a su destrucción o al circuito que la ley disponga. A ese costo se suman el daño reputacional, la parálisis operativa mientras dura el trámite y la apertura de un sumario que puede prolongarse por años.

La prevención como mejor defensa

De todo esto se desprende que la mejor defensa no está en el sumario sino mucho antes, en la prevención. El operador de comercio electrónico que hoy importa debería incorporar el compliance marcario a su rutina con la misma naturalidad con que verifica una clasificación arancelaria o un valor. Conocer al proveedor y documentar esa relación, exigir y conservar las autorizaciones, licencias o contratos que acrediten el derecho a comercializar una marca, revisar que la mercadería que se declara sea la que efectivamente se recibe, y desconfiar de precios que resultan demasiado buenos para ser ciertos, son prácticas elementales que hoy separan al importador diligente del que, sin proponérselo, queda expuesto a una sanción severa. La velocidad del negocio digital no exime de estas cautelas; al contrario, las vuelve imprescindibles, porque el mismo entorno que permite comprar en el exterior con un clic es el que permite que un producto falsificado llegue a destino sin que nadie en la cadena lo haya advertido.

El régimen, en definitiva, es viejo, pero el problema que hoy atiende es nuevo en escala y en velocidad. Comprender que una infracción concebida para otro tiempo puede golpear con toda su fuerza al comercio electrónico contemporáneo es el primer paso para no caer en ella. La norma no distingue entre el gran importador y el emprendedor que opera desde su casa: la prohibición pesa por igual sobre ambos, y la multa se calcula del mismo modo. Prevenir cuesta infinitamente menos que reparar.

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Autora

Dra. Andrea Zavatto
Abogada – Especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología Legal
Directora – MJE Comercio Exterior SRL
Socia Consultora – MJE Global (USA)
Dirección General – Dumping Experts

La Resolución N.º 218/2026, dictada por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa el 15 de julio de 2026, declaró procedente la apertura de una investigación por presunto dumping sobre las exportaciones hacia la República Argentina de torres eólicas industriales de acero originarias de la República Popular China.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior concluyó preliminarmente que existen elementos suficientes para considerar acreditados:

• La existencia de dumping.
• La amenaza de daño importante a la rama de producción nacional.
• La relación de causalidad entre ambos.
• Un margen promedio ponderado de dumping del 46,39 %.

Hasta aquí, podría parecer un procedimiento antidumping habitual. Sin embargo, un aspecto incorporado por la Comisión introduce un interrogante novedoso: anunció que durante la investigación profundizará el análisis sobre la incidencia de otros regímenes, entre ellos el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

Dos regímenes con objetivos diferentes

El RIGI, creado por la Ley 27.742 y reglamentado por el Decreto 749/24, tiene por finalidad promover proyectos de gran inversión mediante estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por treinta años, además de otorgar importantes incentivos a sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país.

Por otra parte, el régimen antidumping —incorporado al ordenamiento argentino mediante la Ley 24.425 y actualmente reglamentado por el Decreto 33/25— responde a una lógica distinta. Su objetivo consiste en corregir prácticas desleales de comercio cuando se verifican simultáneamente tres requisitos:

1. La existencia de dumping.
2. La existencia de daño o amenaza de daño importante a la industria nacional.
3. La relación causal entre ambos.

Ambos regímenes persiguen objetivos legítimos, pero responden a finalidades claramente diferentes.

El silencio del RIGI respecto de las medidas antidumping

Aunque el Título VII de la Ley 27.742 regula extensamente los beneficios aplicables al RIGI, no contiene una disposición específica sobre los derechos antidumping.

La norma no establece expresamente que dichos derechos se encuentren exentos, pero tampoco dispone que deban aplicarse sin excepción a los proyectos adheridos al régimen.

Existen referencias indirectas que permiten advertir que el legislador contempló la cuestión, aunque ninguna de ellas resuelve de manera definitiva el conflicto interpretativo.

En consecuencia, tanto quienes sostienen que la estabilidad aduanera podría impedir la aplicación de medidas antidumping como quienes entienden que la defensa comercial permanece completamente ajena al régimen encuentran argumentos jurídicos razonables.

El interés público como punto de encuentro

Sin embargo, probablemente el verdadero debate no deba centrarse en el alcance del RIGI.

El Decreto 33/25 incorporó expresamente el análisis del interés público dentro del procedimiento antidumping.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior debe formular consideraciones sobre las circunstancias de política general de comercio exterior y el interés público al emitir su recomendación final.

Asimismo, el régimen remite al artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que reconoce que, aun verificándose dumping, daño y relación causal, la decisión de aplicar o no un derecho antidumping continúa siendo una facultad de la autoridad competente.

Desde esta perspectiva, el RIGI no ingresaría al expediente como una norma que automáticamente excluye la aplicación de medidas antidumping, sino como una circunstancia que podría ser ponderada dentro del análisis del interés público.

El caso de las torres eólicas

La tensión resulta particularmente evidente en esta investigación.

Las torres eólicas constituyen bienes estratégicos para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, precisamente uno de los sectores comprendidos dentro del RIGI.

Al mismo tiempo, esos mismos productos son fabricados por la industria nacional, que procura protegerse frente a una eventual práctica de dumping.

Confluyen así dos políticas públicas que persiguen objetivos igualmente relevantes:

• Promover inversiones de gran escala.
• Proteger a la industria nacional frente a prácticas desleales de comercio.

La normativa vigente no establece una regla que determine cuál de ambas debe prevalecer, dejando esa valoración en manos de la autoridad administrativa.

Un interrogante que trasciende este expediente

La cuestión excede ampliamente el mercado de las torres eólicas.

El verdadero interrogante consiste en determinar si la existencia de un régimen de promoción de inversiones puede, como circunstancia de interés público, influir en la decisión de no aplicar una medida antidumping aun cuando se encuentren acreditados todos los requisitos legales para su imposición.

El Decreto 33/25 habilita esa ponderación. Lo que todavía no define es hasta dónde puede llegar esa valoración.

Conclusión

La investigación apenas comienza. Restan el informe de hechos esenciales, los alegatos de las partes y la recomendación definitiva de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que deberá incluir el análisis del interés público previsto por la normativa vigente.

Será entonces cuando podrá determinarse si la referencia realizada al RIGI constituye simplemente una observación formal o el inicio de una nueva línea interpretativa en materia de defensa comercial.

Dra. Andrea Zavatto

Abogada – Especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología Legal Directora – MJE Comercio Exterior SRL Socia Consultora – MJE Global (USA) Dirección General – Dumping Experts

La política comercial de los Estados Unidos sumó un nuevo capítulo que confirma la creciente centralidad de los estándares laborales como condición de acceso a su mercado. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) anunció que, tras concluir las investigaciones iniciadas sobre sesenta economías, entre ellas la Argentina, determinó que la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso constituye una práctica irrazonable y una restricción para el comercio estadounidense.

Sobre esa base, propuso la aplicación de aranceles adicionales de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones provenientes de los países alcanzados por la medida. La propuesta permanecerá abierta a comentarios escritos hasta el 6 de julio y contempla una audiencia pública prevista para el 7 de julio.

La Sección 301 como fundamento de la medida

La herramienta jurídica utilizada es la Sección 301 de la Trade Act de 1974, que permite a la USTR responder frente a prácticas de socios comerciales que considere irrazonables o discriminatorias y lesivas para el comercio estadounidense.

Su utilización no es casual. Luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara en febrero gran parte de los aranceles globales impuestos invocando poderes de emergencia, la Sección 301 aparece como una alternativa para reconstruir esa política comercial sobre bases legales más sólidas.

El fundamento de fondo continúa siendo la prohibición estadounidense de ingreso de mercaderías producidas con trabajo forzoso, restricción que alcanza tanto al producto final como a los insumos intermedios utilizados a lo largo de la cadena de valor. Hasta ahora, este control se aplicaba principalmente a través de mecanismos aduaneros. La novedad es que el mismo estándar comienza a reflejarse también como una variable arancelaria explícita.

¿Qué implicancias tendría para la Argentina?

En el caso argentino, el aspecto más relevante es que el arancel propuesto sería del 10% y no del 12,5%.

La USTR reservó la tasa menor para aquellas economías que cuentan con una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso, que asumieron compromisos para implementarla mediante acuerdos con los Estados Unidos o que poseen regímenes parciales con ese efecto.

Si bien el informe concluye que la Argentina no impone actualmente ni hace cumplir de manera efectiva una prohibición de estas características, reconoce expresamente los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversiones suscripto con los Estados Unidos en febrero de este año, aún pendiente de entrada en vigor.

Es precisamente ese compromiso el que permitiría ubicar a la Argentina dentro de la categoría alcanzada por el arancel del 10%.

Hasta el momento, el informe no especifica qué productos quedarían comprendidos ni cuál sería el mecanismo concreto de aplicación de la medida.

El estándar de trabajo forzoso exigido por Estados Unidos

El informe de la USTR define la prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso como una prohibición legal inequívoca, diferenciándola de los regímenes de transparencia, las obligaciones de debida diligencia o los sistemas de divulgación voluntaria.

Asimismo, sostiene que los Estados Unidos son actualmente la única economía que aplica y hace cumplir de manera efectiva una prohibición integral de estas características.

Por ello, el reconocimiento de los compromisos asumidos por la Argentina opera como un factor de mitigación, aunque la implementación efectiva todavía permanezca pendiente.

La trazabilidad laboral como nuevo factor de competitividad

La relevancia de esta propuesta trasciende la cuestión arancelaria.

La trazabilidad laboral y los compromisos verificables sobre cadenas de suministro dejan de ser únicamente una cuestión reputacional para convertirse en una variable técnica que puede impactar directamente en el acceso al mercado estadounidense y en los costos de exportación.

La propuesta también contempla un mecanismo específico para determinados productos textiles e indumentaria, que permitiría el ingreso de ciertos volúmenes con una tasa reducida bajo la Sección 301.

Qué deberían revisar las empresas exportadoras

Para las empresas argentinas con operaciones vinculadas a los Estados Unidos, ya sea como exportadoras directas, proveedoras de insumos o integrantes de cadenas regionales de valor con destino final en ese mercado, el escenario adquiere una dimensión concreta.

En este contexto, resulta recomendable revisar:

• El origen de los insumos críticos utilizados en la producción.
• La trazabilidad de proveedores directos e indirectos.
• Las políticas internas de debida diligencia laboral.
• Los mecanismos de auditoría y control de la cadena de suministro.
• La documentación disponible para acreditar estándares razonables de cumplimiento.

Próximos pasos

El cronograma establecido por la USTR prevé:

• Presentación de solicitudes para participar en la audiencia: hasta el 22 de junio.
• Presentación de comentarios escritos: hasta el 6 de julio.
• Audiencia pública: 7 de julio.

Este período permitirá conocer con mayor precisión el alcance definitivo de la medida y evaluar los posibles impactos para las empresas involucradas.

Conclusión

Los controles asociados al trabajo forzoso comenzaron operando como una barrera no arancelaria orientada al control del ingreso de mercaderías al mercado estadounidense. Sin embargo, la propuesta de la USTR evidencia una evolución significativa: dichos estándares pasan ahora a manifestarse también como una variable arancelaria explícita.

En consecuencia, la gestión de la trazabilidad laboral y el monitoreo de las cadenas de suministro se consolidan como herramientas esenciales para la administración del riesgo comercial y regulatorio en las relaciones con los Estados Unidos.

Dra. Andrea Zavatto

Abogada – Especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología Legal
Directora – MJE Comercio Exterior SRL
Socia Consultora – MJE Global (USA)
Dirección General – Dumping Experts

Artículo publicado originalmente en Ámbito Financiero.

✅ Las resoluciones anticipadas de origen ya se integran al sistema VUCEA.

✅ La Resolución General ARCA N.º 5859/2026 establece su utilización operativa en las destinaciones aduaneras.

✅ Los importadores podrán contar con mayor previsibilidad y seguridad jurídica respecto del origen de sus mercaderías.

✅ La medida forma parte del proceso de digitalización y facilitación del comercio exterior argentino.

El pasado 5 de junio de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General ARCA N.º 5859/2026, mediante la cual se incorporó al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) la resolución anticipada de origen emitida en los términos de la Resolución N.º 26/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La medida representa un paso relevante en la implementación efectiva del régimen de resoluciones anticipadas previsto por el Código Aduanero.

¿Qué son las resoluciones anticipadas de origen?

Las resoluciones anticipadas constituyen una herramienta destinada a brindar previsibilidad a los operadores de comercio exterior.

De acuerdo con el artículo 3 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se trata de decisiones escritas emitidas por la autoridad competente, a solicitud de un interesado y con carácter previo a la importación de la mercadería, mediante las cuales se determina el tratamiento que recibirá la operación respecto de determinados aspectos, entre ellos la clasificación arancelaria o el origen de la mercadería.

En materia de origen, estas resoluciones permiten que el importador conozca de manera anticipada el criterio oficial aplicable a una determinada mercadería, reduciendo la incertidumbre que podría surgir al momento de documentar la operación.

Implementación gradual de las resoluciones anticipadas en Argentina

La figura de las resoluciones anticipadas fue incorporada al Código Aduanero mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, que introdujo modificaciones al artículo 226 e incorporó la posibilidad de solicitar pronunciamientos anticipados sobre clasificación arancelaria, origen y valoración de mercaderías.

Posteriormente, el Decreto N.º 41/2026 estableció una diferenciación entre las autoridades competentes para emitir dichas resoluciones.

Mientras que las vinculadas con clasificación arancelaria, valoración y otros elementos necesarios para la correcta aplicación del régimen aduanero quedaron a cargo de la Dirección General de Aduanas, las resoluciones anticipadas en materia de origen fueron asignadas a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Finalmente, mediante la Resolución N.º 26/2026, publicada el 29 de abril de 2026, dicha Secretaría aprobó el procedimiento específico para la tramitación de las resoluciones anticipadas de origen para la importación.

La Resolución General ARCA N.º 5859/2026 constituye ahora un nuevo avance dentro de ese proceso, al establecer la forma en que dichas resoluciones deberán ser utilizadas e informadas dentro de los sistemas aduaneros.

¿Qué establece la Resolución General ARCA 5859/2026?

La norma incorpora las resoluciones anticipadas de origen al ecosistema VUCEA y establece determinadas pautas operativas para su utilización.

Principales aspectos de la norma

• No será necesaria la presentación física del acto administrativo emitido por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.
• Al momento de oficializar la destinación aduanera deberá declararse el código identificador correspondiente a la resolución anticipada como información de referencia mediante el código documental LPCOVUCE0042.
• Cada autorización podrá asociarse únicamente a un ítem de la destinación aduanera.
• En caso de contingencias informáticas que impidan la validación electrónica, se aplicará el procedimiento previsto por la Resolución General AFIP N.º 5384/2023, permitiendo la presentación de la documentación en soporte papel ante el servicio aduanero.

La resolución entrará en vigencia el próximo 22 de junio de 2026.

Beneficios para importadores y operadores de comercio exterior

Más allá de los aspectos operativos, la incorporación de estas resoluciones al régimen VUCEA representa un paso importante para la consolidación de una herramienta que busca otorgar mayor previsibilidad a las operaciones de comercio exterior.

Principales beneficios

• Mayor previsibilidad en las operaciones de importación.
• Mayor seguridad jurídica para los operadores.
• Reducción de contingencias aduaneras.
• Mejor planificación de costos y operaciones.
• Posibilidad de conocer anticipadamente el criterio oficial sobre el origen de la mercadería.
• Facilitación del acceso a preferencias arancelarias derivadas de acuerdos comerciales.

La determinación del origen de una mercadería puede resultar decisiva para acceder a preferencias arancelarias, acreditar el cumplimiento de reglas de origen o verificar la aplicación de determinadas medidas comerciales.

Digitalización y facilitación del comercio exterior

La incorporación de estas resoluciones al sistema VUCEA refleja una tendencia sostenida hacia la digitalización y la interoperabilidad entre organismos vinculados al comercio exterior.

La eliminación de documentación física y la integración de procedimientos electrónicos contribuyen a simplificar trámites, reducir costos administrativos y mejorar la eficiencia de las operaciones de importación.

Reflexión final

Si bien la Resolución General ARCA N.º 5859/2026 no introduce cambios en el procedimiento de solicitud de resoluciones anticipadas de origen, su dictado resulta clave para la implementación práctica de esta herramienta dentro de la operatoria aduanera cotidiana.

Su incorporación al sistema VUCEA fortalece un mecanismo que puede contribuir significativamente a brindar mayor previsibilidad, seguridad jurídica y transparencia a las operaciones de comercio exterior.

Resta observar cuál será el nivel de utilización que los operadores otorgarán a esta herramienta y si su implementación permitirá alcanzar uno de los principales objetivos perseguidos por este tipo de institutos: dotar de mayor previsibilidad y seguridad a las operaciones de importación.

Asesoramiento en Derecho Aduanero y Comercio Exterior

La correcta determinación del origen de las mercaderías, la aplicación de preferencias arancelarias y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros requieren un análisis técnico y jurídico especializado.

En MJE Comercio Exterior brindamos asesoramiento integral a importadores, exportadores e industrias en materia de derecho aduanero, origen de mercaderías, clasificación arancelaria, valoración aduanera y planificación estratégica de comercio exterior.

Si su empresa realiza operaciones de importación, necesita determinar correctamente el origen de sus mercaderías o desea evaluar los beneficios y riesgos asociados a una resolución anticipada de origen, nuestro equipo puede brindarle asesoramiento especializado.

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• El expediente electrónico en los procedimientos aduaneros: su necesaria implementación.
• Debido proceso en los procedimientos aduaneros argentinos: garantías y estándares internacionales.
• Estándares OCDE, normas OMC y Derecho Interno: tensiones y alcances en la valoración aduanera argentina.

Estos trabajos abordan distintos aspectos de la evolución normativa y operativa del sistema aduanero argentino, con foco en la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y la facilitación del comercio internacional.

Autor

Dr. Juan José Tubio

Abogado especialista en Derecho Aduanero y Técnico Superior en Despacho Aduanero.

MJE Comercio Exterior SRL.

Autora: Dra. María José Etulain Sórensen
Estratega en comercio internacional | Analista en Supply Chain | Expansión empresarial USA–Argentina | Defensa comercial
Fecha: 21 de abril de 2026

Un superávit comercial con cambios estructurales

El comercio exterior de bienes en Argentina muestra un saldo positivo en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, detrás de este resultado se observa un patrón claro: energía, agro y minería impulsan las exportaciones, mientras la industria pierde peso relativo.

Empleo y transformación del mercado laboral

Al analizar el contexto general, surgen datos relevantes: en un país de 48 millones de habitantes, sólo algo más de 1 de cada 10 argentinos cuenta con empleo privado formal. A su vez, continúan registrándose pérdidas de puestos en sectores como industria, construcción y comercio.

Este escenario impacta directamente en dónde se generan las oportunidades laborales, especialmente para las nuevas generaciones.

El crecimiento de los servicios basados en el conocimiento

En este contexto, emerge con fuerza un tercer camino que ya no es una promesa, sino una realidad consolidada.

Los servicios basados en el conocimiento superaron los 285.000 empleos formales, generaron 9.000 nuevos puestos en el último año y el sector de software por sí solo emplea a más de 159.000 personas. Además, en 2025 alcanzaron exportaciones cercanas a USD 9.600 millones, posicionándose como el tercer complejo exportador del país.

Sin embargo, este fenómeno no se refleja en la balanza comercial de bienes, lo que limita la lectura tradicional del comercio exterior.

Desafíos estratégicos para la economía argentina

El desafío no radica en elegir entre sectores, sino en construir una economía más equilibrada, que permita el desarrollo de empleos formales y de mayor valor agregado, alineados con la demanda del mercado internacional.

Para Argentina, una estrategia sostenible requiere fortalecer la educación tecnológica y el desarrollo de habilidades vinculadas a la inteligencia artificial.

Conclusión: presente y futuro del comercio exterior

El comercio exterior de bienes puede definir el presente económico del país.

Pero las decisiones estratégicas que hoy se adopten respecto al uso de los recursos y la formación del capital humano serán determinantes para el futuro y el de las próximas generaciones.

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La reciente Comunicación A 8417 del Banco Central introduce una serie de adecuaciones al régimen de exterior y cambios que, en una primera lectura, podrían interpretarse como un nuevo paso en el proceso de flexibilización del cepo. Sin embargo, un análisis más detenido muestra un escenario más matizado que expansivo.

En relación con las personas humanas, la norma incorpora medidas relevantes. Por un lado, extiende la excepción a la obligación de liquidación de cobros de exportaciones de servicios a todos los conceptos y, por otro, incorpora un esquema similar para determinadas exportaciones de bienes. Se trata de una señal consistente con un proceso gradual de ampliación de la disponibilidad de divisas en cabeza de los exportadores individuales.

Ahora bien, esa apertura convive con mecanismos que continúan condicionando el acceso al mercado. En particular, el requisito previsto en el punto 7.2 de la Comunicación —la obligación de presentar una declaración jurada comprometiéndose a no concertar operaciones con títulos valores con liquidación en moneda extranjera durante los 90 días posteriores a la transferencia de divisas al exterior desde cuentas locales en moneda extranjera hacia cuentas propias en el exterior— refleja con claridad esta lógica. Se habilita la operatoria, pero simultáneamente se mantiene un instrumento destinado a evitar su utilización como canal indirecto de dolarización financiera. En otras palabras, la norma amplía el margen operativo, aunque preserva la arquitectura de control que caracteriza al régimen vigente.

Para las personas jurídicas, el alcance de las modificaciones es más acotado. Se introducen mejoras vinculadas a la extensión de plazos de ingreso y liquidación en ciertos supuestos de exportaciones, la posibilidad de anticipar pagos de títulos valores próximos a su vencimiento y algunas flexibilizaciones condicionadas para la cancelación de endeudamientos financieros con vinculadas. No obstante, estas medidas operan más como ajustes técnicos dentro del esquema vigente que como una modificación sustancial del régimen cambiario aplicable al sector corporativo.

Desde esta perspectiva, la Comunicación A 8417 parece inscribirse en una estrategia de flexibilización administrada: se amplían ciertos márgenes operativos, especialmente para personas humanas, pero se mantienen instrumentos regulatorios que continúan delimitando el alcance efectivo de esa apertura. La pregunta, entonces, no es si hubo flexibilización, sino de qué tipo. Y la respuesta probable es que se trata de una flexibilización parcial, segmentada y todavía lejos de implicar un cambio estructural en el régimen cambiario vigente.

Dra. Andrea Zavatto

Abogada – Especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología Legal
Directora – MJE Comercio Exterior SRL
Socia Consultora – MJE Global (USA)
Dirección General – Dumping Experts

El dumping es una de las prácticas más relevantes —y controvertidas— del comercio internacional. Aunque su definición técnica es sencilla, sus implicancias económicas, políticas y jurídicas son profundas.

En este artículo, abordamos qué es el dumping desde una perspectiva práctica y analizamos cómo evolucionó el contexto internacional en los últimos años (2020–2025).

¿Qué es el dumping?

Desde un punto de vista práctico, el dumping consiste en exportar un producto a un precio inferior al que se aplica en el mercado interno del país de origen.

Ejemplo:
Una empresa vende un producto en su país a USD 10.000, pero lo exporta a USD 6.800. Esta diferencia puede generar un impacto directo en la industria del país importador, que no puede competir con ese precio.

Para que exista dumping deben verificarse dos elementos:

• Una exportación a precio inferior al valor normal
• Un daño a la industria local del país importador

Marco internacional: el rol del sistema multilateral

El tratamiento del dumping se encuentra regulado en el marco del sistema multilateral de comercio.

Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos derivados del GATT, los países establecieron قواعد comunes para el comercio internacional, incluyendo mecanismos para actuar frente a prácticas desleales.

El Artículo VI del GATT reconoce expresamente que el dumping es una práctica condenable cuando causa daño a una industria nacional.

El remedio: derechos antidumping

Cuando se verifica la existencia de dumping y daño, los países pueden aplicar un derecho antidumping.

Este consiste en un arancel adicional a la importación, cuyo objetivo es neutralizar el efecto de la práctica.

Sin embargo, su aplicación no es automática:

• Requiere una investigación previa
• Debe respetar procedimientos establecidos
• Implica la participación de empresas, gobiernos y partes interesadas

¿Por qué es importante participar en investigaciones antidumping?

Las investigaciones antidumping no son meramente técnicas: representan una herramienta clave para proteger la industria, el empleo y la competencia leal.

Participar activamente permite:

• Defender intereses comerciales
• Aportar pruebas
• Influir en la decisión final

🟩 Evolución reciente: ¿qué cambió entre 2020 y 2025?

Los últimos años han estado marcados por transformaciones globales que impactaron directamente en el comercio internacional:

• Pandemia de COVID-19
• Conflictos geopolíticos (como la guerra en Ucrania)
• Tensiones comerciales entre grandes economías
• Disrupciones logísticas globales
• Cambios en políticas industriales y comerciales

Este contexto generó:

• Mayor intervención estatal
• Uso más frecuente de medidas comerciales
• Revalorización de herramientas como el antidumping

Hoy, las medidas antidumping no solo responden a reglas multilaterales, sino también a estrategias nacionales.

Reflexión final

El sistema multilateral de comercio enfrenta desafíos importantes. Las tensiones actuales obligan a repensar su funcionamiento y adaptación a una nueva realidad global.

En este contexto, comprender las herramientas legales disponibles —como el antidumping— resulta fundamental para las empresas que operan en comercio internacional.

¿Tu empresa enfrenta una investigación antidumping o desafíos en comercio internacional?

En MJE Comercio Exterior asesoramos a empresas en estrategias legales y defensa comercial.

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Dra. María José Etulain Sórensen
Abogada especialista en Derecho Aduanero, dumping y gestión de riesgos
Consultora en comercio exterior e internacionalización
Miembro de la Customs and International Trade Bar Association (CITBA)
Directora de MJE Global