La política comercial de los Estados Unidos sumó un nuevo capítulo que confirma la creciente centralidad de los estándares laborales como condición de acceso a su mercado. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) anunció que, tras concluir las investigaciones iniciadas sobre sesenta economías, entre ellas la Argentina, determinó que la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso constituye una práctica irrazonable y una restricción para el comercio estadounidense.

Sobre esa base, propuso la aplicación de aranceles adicionales de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones provenientes de los países alcanzados por la medida. La propuesta permanecerá abierta a comentarios escritos hasta el 6 de julio y contempla una audiencia pública prevista para el 7 de julio.

La Sección 301 como fundamento de la medida

La herramienta jurídica utilizada es la Sección 301 de la Trade Act de 1974, que permite a la USTR responder frente a prácticas de socios comerciales que considere irrazonables o discriminatorias y lesivas para el comercio estadounidense.

Su utilización no es casual. Luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara en febrero gran parte de los aranceles globales impuestos invocando poderes de emergencia, la Sección 301 aparece como una alternativa para reconstruir esa política comercial sobre bases legales más sólidas.

El fundamento de fondo continúa siendo la prohibición estadounidense de ingreso de mercaderías producidas con trabajo forzoso, restricción que alcanza tanto al producto final como a los insumos intermedios utilizados a lo largo de la cadena de valor. Hasta ahora, este control se aplicaba principalmente a través de mecanismos aduaneros. La novedad es que el mismo estándar comienza a reflejarse también como una variable arancelaria explícita.

¿Qué implicancias tendría para la Argentina?

En el caso argentino, el aspecto más relevante es que el arancel propuesto sería del 10% y no del 12,5%.

La USTR reservó la tasa menor para aquellas economías que cuentan con una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso, que asumieron compromisos para implementarla mediante acuerdos con los Estados Unidos o que poseen regímenes parciales con ese efecto.

Si bien el informe concluye que la Argentina no impone actualmente ni hace cumplir de manera efectiva una prohibición de estas características, reconoce expresamente los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversiones suscripto con los Estados Unidos en febrero de este año, aún pendiente de entrada en vigor.

Es precisamente ese compromiso el que permitiría ubicar a la Argentina dentro de la categoría alcanzada por el arancel del 10%.

Hasta el momento, el informe no especifica qué productos quedarían comprendidos ni cuál sería el mecanismo concreto de aplicación de la medida.

El estándar de trabajo forzoso exigido por Estados Unidos

El informe de la USTR define la prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso como una prohibición legal inequívoca, diferenciándola de los regímenes de transparencia, las obligaciones de debida diligencia o los sistemas de divulgación voluntaria.

Asimismo, sostiene que los Estados Unidos son actualmente la única economía que aplica y hace cumplir de manera efectiva una prohibición integral de estas características.

Por ello, el reconocimiento de los compromisos asumidos por la Argentina opera como un factor de mitigación, aunque la implementación efectiva todavía permanezca pendiente.

La trazabilidad laboral como nuevo factor de competitividad

La relevancia de esta propuesta trasciende la cuestión arancelaria.

La trazabilidad laboral y los compromisos verificables sobre cadenas de suministro dejan de ser únicamente una cuestión reputacional para convertirse en una variable técnica que puede impactar directamente en el acceso al mercado estadounidense y en los costos de exportación.

La propuesta también contempla un mecanismo específico para determinados productos textiles e indumentaria, que permitiría el ingreso de ciertos volúmenes con una tasa reducida bajo la Sección 301.

Qué deberían revisar las empresas exportadoras

Para las empresas argentinas con operaciones vinculadas a los Estados Unidos, ya sea como exportadoras directas, proveedoras de insumos o integrantes de cadenas regionales de valor con destino final en ese mercado, el escenario adquiere una dimensión concreta.

En este contexto, resulta recomendable revisar:

• El origen de los insumos críticos utilizados en la producción.
• La trazabilidad de proveedores directos e indirectos.
• Las políticas internas de debida diligencia laboral.
• Los mecanismos de auditoría y control de la cadena de suministro.
• La documentación disponible para acreditar estándares razonables de cumplimiento.

Próximos pasos

El cronograma establecido por la USTR prevé:

• Presentación de solicitudes para participar en la audiencia: hasta el 22 de junio.
• Presentación de comentarios escritos: hasta el 6 de julio.
• Audiencia pública: 7 de julio.

Este período permitirá conocer con mayor precisión el alcance definitivo de la medida y evaluar los posibles impactos para las empresas involucradas.

Conclusión

Los controles asociados al trabajo forzoso comenzaron operando como una barrera no arancelaria orientada al control del ingreso de mercaderías al mercado estadounidense. Sin embargo, la propuesta de la USTR evidencia una evolución significativa: dichos estándares pasan ahora a manifestarse también como una variable arancelaria explícita.

En consecuencia, la gestión de la trazabilidad laboral y el monitoreo de las cadenas de suministro se consolidan como herramientas esenciales para la administración del riesgo comercial y regulatorio en las relaciones con los Estados Unidos.

Dra. Andrea Zavatto

Abogada – Especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología Legal
Directora – MJE Comercio Exterior SRL
Socia Consultora – MJE Global (USA)
Dirección General – Dumping Experts

Artículo publicado originalmente en Ámbito Financiero.

✅ Las resoluciones anticipadas de origen ya se integran al sistema VUCEA.

✅ La Resolución General ARCA N.º 5859/2026 establece su utilización operativa en las destinaciones aduaneras.

✅ Los importadores podrán contar con mayor previsibilidad y seguridad jurídica respecto del origen de sus mercaderías.

✅ La medida forma parte del proceso de digitalización y facilitación del comercio exterior argentino.

El pasado 5 de junio de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General ARCA N.º 5859/2026, mediante la cual se incorporó al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) la resolución anticipada de origen emitida en los términos de la Resolución N.º 26/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La medida representa un paso relevante en la implementación efectiva del régimen de resoluciones anticipadas previsto por el Código Aduanero.

¿Qué son las resoluciones anticipadas de origen?

Las resoluciones anticipadas constituyen una herramienta destinada a brindar previsibilidad a los operadores de comercio exterior.

De acuerdo con el artículo 3 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se trata de decisiones escritas emitidas por la autoridad competente, a solicitud de un interesado y con carácter previo a la importación de la mercadería, mediante las cuales se determina el tratamiento que recibirá la operación respecto de determinados aspectos, entre ellos la clasificación arancelaria o el origen de la mercadería.

En materia de origen, estas resoluciones permiten que el importador conozca de manera anticipada el criterio oficial aplicable a una determinada mercadería, reduciendo la incertidumbre que podría surgir al momento de documentar la operación.

Implementación gradual de las resoluciones anticipadas en Argentina

La figura de las resoluciones anticipadas fue incorporada al Código Aduanero mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, que introdujo modificaciones al artículo 226 e incorporó la posibilidad de solicitar pronunciamientos anticipados sobre clasificación arancelaria, origen y valoración de mercaderías.

Posteriormente, el Decreto N.º 41/2026 estableció una diferenciación entre las autoridades competentes para emitir dichas resoluciones.

Mientras que las vinculadas con clasificación arancelaria, valoración y otros elementos necesarios para la correcta aplicación del régimen aduanero quedaron a cargo de la Dirección General de Aduanas, las resoluciones anticipadas en materia de origen fueron asignadas a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Finalmente, mediante la Resolución N.º 26/2026, publicada el 29 de abril de 2026, dicha Secretaría aprobó el procedimiento específico para la tramitación de las resoluciones anticipadas de origen para la importación.

La Resolución General ARCA N.º 5859/2026 constituye ahora un nuevo avance dentro de ese proceso, al establecer la forma en que dichas resoluciones deberán ser utilizadas e informadas dentro de los sistemas aduaneros.

¿Qué establece la Resolución General ARCA 5859/2026?

La norma incorpora las resoluciones anticipadas de origen al ecosistema VUCEA y establece determinadas pautas operativas para su utilización.

Principales aspectos de la norma

• No será necesaria la presentación física del acto administrativo emitido por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.
• Al momento de oficializar la destinación aduanera deberá declararse el código identificador correspondiente a la resolución anticipada como información de referencia mediante el código documental LPCOVUCE0042.
• Cada autorización podrá asociarse únicamente a un ítem de la destinación aduanera.
• En caso de contingencias informáticas que impidan la validación electrónica, se aplicará el procedimiento previsto por la Resolución General AFIP N.º 5384/2023, permitiendo la presentación de la documentación en soporte papel ante el servicio aduanero.

La resolución entrará en vigencia el próximo 22 de junio de 2026.

Beneficios para importadores y operadores de comercio exterior

Más allá de los aspectos operativos, la incorporación de estas resoluciones al régimen VUCEA representa un paso importante para la consolidación de una herramienta que busca otorgar mayor previsibilidad a las operaciones de comercio exterior.

Principales beneficios

• Mayor previsibilidad en las operaciones de importación.
• Mayor seguridad jurídica para los operadores.
• Reducción de contingencias aduaneras.
• Mejor planificación de costos y operaciones.
• Posibilidad de conocer anticipadamente el criterio oficial sobre el origen de la mercadería.
• Facilitación del acceso a preferencias arancelarias derivadas de acuerdos comerciales.

La determinación del origen de una mercadería puede resultar decisiva para acceder a preferencias arancelarias, acreditar el cumplimiento de reglas de origen o verificar la aplicación de determinadas medidas comerciales.

Digitalización y facilitación del comercio exterior

La incorporación de estas resoluciones al sistema VUCEA refleja una tendencia sostenida hacia la digitalización y la interoperabilidad entre organismos vinculados al comercio exterior.

La eliminación de documentación física y la integración de procedimientos electrónicos contribuyen a simplificar trámites, reducir costos administrativos y mejorar la eficiencia de las operaciones de importación.

Reflexión final

Si bien la Resolución General ARCA N.º 5859/2026 no introduce cambios en el procedimiento de solicitud de resoluciones anticipadas de origen, su dictado resulta clave para la implementación práctica de esta herramienta dentro de la operatoria aduanera cotidiana.

Su incorporación al sistema VUCEA fortalece un mecanismo que puede contribuir significativamente a brindar mayor previsibilidad, seguridad jurídica y transparencia a las operaciones de comercio exterior.

Resta observar cuál será el nivel de utilización que los operadores otorgarán a esta herramienta y si su implementación permitirá alcanzar uno de los principales objetivos perseguidos por este tipo de institutos: dotar de mayor previsibilidad y seguridad a las operaciones de importación.

Asesoramiento en Derecho Aduanero y Comercio Exterior

La correcta determinación del origen de las mercaderías, la aplicación de preferencias arancelarias y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros requieren un análisis técnico y jurídico especializado.

En MJE Comercio Exterior brindamos asesoramiento integral a importadores, exportadores e industrias en materia de derecho aduanero, origen de mercaderías, clasificación arancelaria, valoración aduanera y planificación estratégica de comercio exterior.

Si su empresa realiza operaciones de importación, necesita determinar correctamente el origen de sus mercaderías o desea evaluar los beneficios y riesgos asociados a una resolución anticipada de origen, nuestro equipo puede brindarle asesoramiento especializado.

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Si le interesa profundizar en temas vinculados con la modernización aduanera, la digitalización de procedimientos y los estándares internacionales aplicables al comercio exterior, también puede consultar:

• El expediente electrónico en los procedimientos aduaneros: su necesaria implementación.
• Debido proceso en los procedimientos aduaneros argentinos: garantías y estándares internacionales.
• Estándares OCDE, normas OMC y Derecho Interno: tensiones y alcances en la valoración aduanera argentina.

Estos trabajos abordan distintos aspectos de la evolución normativa y operativa del sistema aduanero argentino, con foco en la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y la facilitación del comercio internacional.

Autor

Dr. Juan José Tubio

Abogado especialista en Derecho Aduanero y Técnico Superior en Despacho Aduanero.

MJE Comercio Exterior SRL.

Por Dra. Andrea Zavatto

Garantías y estándares internacionales

El principio del debido proceso constituye una garantía fundamental reconocida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. En el ámbito del derecho aduanero, su aplicación adquiere particular relevancia debido a la intensidad del control estatal y a las consecuencias jurídicas y económicas que pueden derivarse de los procedimientos administrativos.

El análisis del debido proceso en los procedimientos aduaneros argentinos exige considerar tanto el marco normativo interno como los estándares internacionales aplicables, en especial aquellos derivados del derecho internacional de los derechos humanos y del sistema multilateral de comercio.

El debido proceso como garantía constitucional

La Constitución Nacional establece que nadie puede ser privado de sus derechos sin un juicio previo fundado en ley. Este principio, extensible al ámbito administrativo, implica que toda actuación de la autoridad aduanera debe respetar un conjunto de garantías mínimas destinadas a asegurar la legalidad, razonabilidad y legitimidad del procedimiento.

En este sentido, el debido proceso opera como un límite al ejercicio de las potestades administrativas y como una garantía esencial frente a decisiones que puedan afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados.

Aplicación del debido proceso en el procedimiento aduanero

El procedimiento aduanero presenta particularidades que justifican un análisis específico del alcance del debido proceso. Entre ellas, se destacan:

• la amplitud de las facultades de fiscalización y control de la autoridad aduanera,
• la complejidad técnica de las operaciones de comercio exterior,
• y la posible imposición de sanciones de carácter administrativo y económico.

Estas características refuerzan la necesidad de asegurar un procedimiento que respete plenamente las garantías constitucionales y legales.

Principales garantías procesales involucradas

Entre las garantías que integran el debido proceso en materia aduanera, pueden mencionarse:

Derecho de defensa

El administrado debe contar con la posibilidad efectiva de conocer los cargos formulados, acceder al expediente, ofrecer y producir prueba, y formular los descargos que estime pertinentes antes de que se adopte una decisión definitiva.

Principio de legalidad

Las actuaciones de la administración deben fundarse en normas vigentes y aplicarse de manera razonable y proporcional, evitando interpretaciones arbitrarias o extensivas que perjudiquen al administrado.

Motivación de los actos administrativos

Los actos dictados en el marco del procedimiento aduanero deben encontrarse debidamente motivados, explicitando los hechos, las pruebas y las normas jurídicas en las que se sustentan.

Plazo razonable

El procedimiento debe desarrollarse dentro de plazos razonables, evitando dilaciones indebidas que afecten la seguridad jurídica y el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales.

Estándares internacionales aplicables

El análisis del debido proceso en materia aduanera no puede prescindir de los estándares internacionales. Los tratados de derechos humanos, así como los principios reconocidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, establecen parámetros mínimos que los Estados deben respetar en sus procedimientos administrativos.

Estos estándares refuerzan la exigencia de procedimientos transparentes, previsibles y respetuosos del derecho de defensa, y constituyen una guía relevante para la interpretación y aplicación del derecho aduanero interno.

Consideraciones finales

El respeto del debido proceso en los procedimientos aduaneros constituye un elemento central para garantizar la legalidad de las actuaciones administrativas y la protección de los derechos de los operadores de comercio exterior.

Su correcta aplicación contribuye a fortalecer la seguridad jurídica, la previsibilidad del sistema y la confianza en las instituciones encargadas del control aduanero, en consonancia con los compromisos asumidos por la República Argentina en el plano constitucional e internacional.

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“Debido proceso en los procedimientos aduaneros argentinos: garantías y estándares internacionales”

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Dra. Andrea Zavatto

Abogada – Especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología Legal

Por Dra. María José Etulain Sórensen
Ponencia presentada en las XIV Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero – AAEF 2025

La valoración aduanera constituye uno de los ejes centrales del comercio exterior moderno. En ese marco, la interacción entre normas multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), recomendaciones técnicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el derecho interno argentino plantea debates relevantes sobre jerarquía normativa, legalidad tributaria y facultades de control aduanero.

La presente ponencia analiza las tensiones existentes entre estos sistemas normativos a partir de un caso jurisprudencial emblemático, examinando el alcance de los estándares internacionales en la valoración aduanera argentina.

Introducción

En el marco de la Directiva 1 emitida para la organización de estas jornadas internacionales, se destacó la emisión en Argentina del DNU 70/2023, presentado como una pieza clave dentro de la política económica vigente.

En materia de comercio exterior, se resaltó la necesidad de fortalecer e impulsar la actividad mediante la adopción de estándares internacionales, tales como las normas y consensos desarrollados en el ámbito de la OMC y las recomendaciones emitidas por la OCDE.

Sin embargo, corresponde señalar que el DNU 70/2023 no incorpora normas OMC ni compromisos específicos con directrices OCDE como vinculantes para la República Argentina.

Actualmente, Argentina es miembro de la OMC, pero aún no integra plenamente la OCDE, manteniendo la condición de país candidato a su adhesión.

OMC y OCDE: puntos de contacto y diferencias

La Organización Mundial del Comercio (OMC)

La OMC es un organismo multilateral que establece acuerdos obligatorios para sus Estados miembros.

Su objeto central es regular el comercio internacional entre países, especialmente:

• intercambio de mercaderías
• barreras comerciales
• aranceles
• normas aduaneras
• solución de controversias comerciales

En materia aduanera, reviste especial relevancia el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, base normativa de la valoración aduanera moderna.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

La OCDE es una organización internacional orientada al desarrollo de mejores políticas públicas.

Aborda áreas como:

• tributación
• educación
• salud
• medio ambiente
• comercio
• digitalización
• gobernanza

En materia fiscal, sus directrices sobre precios de transferencia han tenido fuerte impacto global.

Punto de contacto entre ambos sistemas

El principal punto de contacto entre OMC y OCDE se observa en la empresa multinacional que:

• importa bienes desde vinculadas del exterior
• paga derechos aduaneros sobre el valor declarado
• deduce costos en impuesto a las ganancias

Allí surge la tensión entre:

• valor en aduana (OMC)
• precio de transferencia (OCDE)

El principio de legalidad tributaria en Argentina

El principio de legalidad tributaria posee jerarquía constitucional y establece que no puede existir tributo sin ley previa que lo cree.

En materia de derechos de importación, la base normativa argentina surge principalmente de:

• Constitución Nacional
• Código Aduanero (Ley 22.415)
• Ley 24.425 (incorporación de acuerdos OMC)

Ello impide crear tributos, ajustes o metodologías obligatorias por analogía o mediante fuentes no incorporadas legislativamente.

La Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que no corresponde extender obligaciones tributarias más allá de lo expresamente previsto por ley.

El caso Helm Argentina SRL c/ DGA

Uno de los antecedentes más relevantes sobre esta materia fue el caso Helm Argentina SRL, vinculado a ajustes de valor en importaciones realizadas desde empresa vinculada del exterior.

Posición de la Aduana

La autoridad aduanera consideró que la vinculación entre las partes había influido en los precios declarados.

Para ello comparó operaciones con terceros y tomó referencias externas, rechazando el valor de transacción declarado por la importadora.

Ello derivó en un cargo tributario millonario por diferencias de derechos de importación.

La decisión del Tribunal Fiscal de la Nación

El Tribunal Fiscal confirmó sustancialmente el ajuste aduanero.

En su análisis incorporó criterios vinculados a las Directrices OCDE sobre precios de transferencia, considerando aplicable el principio de plena competencia (arm’s length).

Según esta visión, el precio pactado entre vinculadas podía apartarse como base válida cuando no reflejara condiciones comparables de mercado.

La decisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal

La Sala IV revocó el ajuste fiscal y resolvió a favor del contribuyente.

Entre sus principales fundamentos se destacaron:

• La Aduana no probó adecuadamente que la vinculación hubiera influido en el precio.
• La mera existencia de vinculación no basta para rechazar el valor declarado.
• Los ajustes en importación deben regirse por el Acuerdo de Valor del GATT incorporado por Ley 24.425.
• No corresponde sustituir la normativa vigente por directrices OCDE sin respaldo legislativo expreso.

Posteriormente, la posición quedó firme tras el rechazo de los recursos extraordinarios.

Valoración aduanera: OMC vs precios de transferencia OCDE

El caso expone una cuestión central:

Valor en Aduana (OMC)

Se basa en:

• precio realmente pagado o por pagar
• operación concreta de importación
• reglas específicas del Acuerdo GATT

Precios de Transferencia (OCDE)

Se orienta a:

• impuesto a la renta
• utilidades empresariales
• márgenes comparables
• plena competencia entre vinculadas

Ambos sistemas pueden relacionarse económicamente, pero responden a finalidades jurídicas distintas.

Impacto para empresas importadoras en Argentina

Este debate tiene efectos prácticos relevantes para compañías que operan con partes vinculadas del exterior.

Resulta clave contar con:

• documentación robusta de operaciones
• análisis previo de precios
• estrategia aduanera y tributaria coordinada
• defensa técnica ante estudios de valor
• cumplimiento normativo integral

Conclusión

El análisis del caso reafirma la vigencia del principio de legalidad tributaria en materia de derechos de importación.

Las facultades de control aduanero deben ejercerse dentro del marco normativo aplicable: el Acuerdo de Valor del GATT, aprobado por Ley 24.425, el Código Aduanero y la Constitución Nacional.

Las directrices OCDE pueden ofrecer elementos técnicos de análisis comparado, pero no sustituyen por sí mismas el régimen jurídico obligatorio en materia aduanera.

En definitiva, el control fiscal debe ejercerse con firmeza, pero también con plena sujeción a las garantías constitucionales y al principio de reserva legal.

📄 Ponencia académica

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”Estándares OCDE, normas OMC y Derecho Interno: tensiones y alcances en la valoración aduanera argentina”

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Sobre la autora

Dra. María José Etulain Sórensen
Abogada especialista en Derecho Aduanero, dumping y gestión de riesgos
Consultora en comercio exterior e internacionalización
Miembro de la Customs and International Trade Bar Association (CITBA)
Directora de MJE Global

Asesoramiento relacionado

Para más información sobre valoración aduanera, ajustes de valor, operaciones entre empresas vinculadas, impugnación de cargos y asesoría integral en Derecho Aduanero y Comercio Exterior, puede consultar nuestras áreas de práctica especializadas.

Autor: Dr. Juan José Tubio

Ponencia presentada y aprobada por el Comité Técnico de las XIV Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero (AAEF, 7 y 8 de agosto de 2025).

La digitalización de los procedimientos administrativos ya no es una opción, sino una necesidad. En el ámbito aduanero argentino, si bien se han incorporado herramientas tecnológicas relevantes en los últimos años, persiste una problemática estructural: la coexistencia de sistemas electrónicos con la tramitación en soporte papel.

Esta ponencia analiza los desafíos actuales y propone la implementación del expediente electrónico aduanero como una herramienta clave para fortalecer el debido proceso, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar mayor transparencia en las actuaciones.

Objetivo del trabajo

El objetivo del presente trabajo no es realizar una crítica de la tramitación en papel de los procedimientos aduaneros, sino exponer las ventajas que traería aparejada la implementación del expediente electrónico como una herramienta necesaria para el cumplimiento del deber estatal de garantizar eficazmente los derechos de los administrados, asegurando:

• Debido proceso
• Transparencia
• Eficiencia
• Seguridad jurídica

La creciente demanda de celeridad, previsibilidad y simplificación por parte del comercio exterior, así como los compromisos asumidos por nuestro país en materia de facilitación del comercio, tornan indispensable un análisis profundo sobre la viabilidad de esta transformación estructural.

Antecedentes: evolución de los sistemas aduaneros en Argentina

En las últimas décadas, el Servicio Aduanero ha avanzado en la incorporación de tecnología mediante distintos sistemas que transformaron la operatoria del comercio exterior.

Sistema Informático Malvina (SIM)

En diciembre de 1993 se puso en funcionamiento el antiguo Sistema Informático María, posteriormente modernizado hasta convertirse en el actual Sistema Informático Malvina (SIM) en el año 2013.

Este sistema permitió digitalizar la documentación de operaciones de importación y exportación, generando mayor eficiencia operativa.

SICNEA: notificaciones electrónicas aduaneras

En el marco del lema “una Aduana con menos papeles”, en 2013 se implementó el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA).

Su finalidad fue simplificar la comunicación entre la Administración y los operadores de comercio exterior, reemplazando las notificaciones en papel.

Actualmente constituye una herramienta consolidada que aporta:

• Seguridad jurídica
• Rapidez en las comunicaciones
• Mayor transparencia
• Menores costos administrativos

VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior

La VUCE, nacida en 2014, concentró la gestión de autorizaciones y certificaciones necesarias para documentar operaciones de importación, exportación y tránsito de mercaderías.

Permitió unificar información y documentación en un único portal.

SITA: Sistema Informático de Trámites Aduaneros

En 2015 se implementó el SITA, como mecanismo para canalizar comunicaciones y presentaciones ante la Dirección General de Aduanas.

Con el tiempo, su utilización se amplió permitiendo múltiples trámites digitales por parte de los operadores.

GDE y Trámites a Distancia (TAD)

En 2016 se creó el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) como plataforma integrada de caratulación, numeración, seguimiento y registración de expedientes del Sector Público Nacional.

Por su parte, Trámites a Distancia (TAD) permitió a ciudadanos y empresas interactuar digitalmente con organismos públicos mediante:

• Presentaciones
• Solicitudes
• Escritos
• Notificaciones
• Seguimiento remoto de expedientes

Situación actual: desafíos de la tramitación paralela

A pesar de la implementación de las herramientas reseñadas, uno de los principales desafíos actuales es la tramitación simultánea entre expedientes en papel y actos administrativos emitidos digitalmente mediante GDE, sin una integración sistémica real.

Problemas que genera este modelo híbrido

• Falta de transparencia
• Demoras en la tramitación
• Fragmentación documental
• Dificultades operativas para funcionarios y administrados
• Vulneración del debido proceso
• Afectación de la seguridad jurídica

La coexistencia de procedimientos físicos y electrónicos sin vinculación eficiente impide consolidar un sistema moderno y coherente.

SUGA 2024: Sistema Único de Gestión Aduanera

En 2024 se aprobó el Sistema Único de Gestión Aduanera (SUGA), concebido para permitir una gestión unificada, eficiente y coordinada de actuaciones administrativas y judiciales.

Prevé interoperabilidad con sistemas como:

• SIM
• SIGEA
• GDE
• SICNEA
• SITA
• SIRAEF

A la fecha de esta publicación, no se observan avances significativos en su implementación plena.

Experiencias exitosas en otros organismos públicos

La adopción del expediente electrónico en otros ámbitos estatales demuestra su factibilidad y beneficios concretos.

Administración Pública Nacional

Actualmente, con escasas excepciones, la mayoría de los trámites se gestionan mediante TAD, lo que permitió:

• Reducir tiempos de tramitación
• Aumentar transparencia
• Facilitar acceso remoto
• Eliminar dependencia del papel
• Seguimiento en tiempo real

Tribunal Fiscal de la Nación

Mediante Acordada N° 1/2019, el Tribunal Fiscal de la Nación implementó expediente electrónico para nuevas causas desde mayo de 2019.

El balance general ha sido positivo, mejorando:

• Celeridad procesal
• Presentaciones remotas
• Notificaciones electrónicas
• Seguridad documental
• Trazabilidad integral

Expediente electrónico y garantías constitucionales

El Estado tiene la obligación de establecer procedimientos idóneos para la defensa de los derechos de los administrados.

Derecho de defensa y acceso al expediente

El acceso al expediente constituye un aspecto central del debido proceso y se encuentra reconocido en la normativa administrativa nacional.

Sin embargo, en la práctica muchas veces acceder a actuaciones aduaneras resulta complejo, lo que entorpece la defensa técnica.

La implementación del expediente electrónico permitiría:

• Acceso pleno y permanente
• Consulta remota inmediata
• Mayor previsibilidad procesal
• Mejor ejercicio del derecho de defensa

Principios que fortalece

• Tutela administrativa efectiva
• Transparencia
• Buena administración
• Simplificación
• Celeridad

Garantía del plazo razonable

Toda persona tiene derecho a obtener una resolución dentro de un plazo razonable.

Las demoras excesivas en sumarios y actuaciones aduaneras vulneran garantías constitucionales. El expediente electrónico contribuiría a reducir tiempos y mejorar la eficiencia administrativa.

Marco internacional y compromisos asumidos

Convenio de Kyoto

El Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros destaca el aprovechamiento máximo de la tecnología de la información.

El expediente electrónico se alinea directamente con esos principios de:

• Simplificación
• Modernización
• Armonización
• Facilitación del comercio

Acuerdo de Facilitación del Comercio (OMC)

El Acuerdo promueve:

• Agilización del movimiento de mercaderías
• Transparencia normativa
• Acceso digital a la información
• Procedimientos de revisión efectivos

En este marco, el expediente electrónico constituye una herramienta eficaz para cumplir tales objetivos.

Conclusiones: necesaria implementación del expediente electrónico

Los extensos plazos en la tramitación de expedientes aduaneros, sumados a las dificultades de acceso, hacen necesaria la implementación de un sistema único, trazable y seguro tanto para la Aduana como para los operadores de comercio exterior.

Resulta fundamental desarrollar un sistema propio operable dentro del sitio web de ARCA, con acceso mediante Clave Fiscal, que garantice:

• Privacidad de la información
• Acceso del operador autorizado
• Acceso de letrados intervinientes
• Integración con SICNEA
• Trazabilidad completa del expediente

Visión final: una Aduana moderna y eficiente

En un contexto donde la digitalización ya no es una opción sino una necesidad, la implementación del expediente electrónico en los procedimientos aduaneros se presenta como una herramienta clave para garantizar un procedimiento más ágil, transparente, accesible y respetuoso de las garantías constitucionales.

La articulación efectiva de los sistemas existentes, junto con la creación de un módulo específico accesible con Clave Fiscal, permitiría optimizar recursos, reducir costos y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.

Dr. Juan José Tubio

• Socio y Director Legal de MJE Comercio Exterior SRL
• Abogado especialista en Derecho Aduanero
• Egresado de la Universidad de Buenos Aires
• Técnico Superior en Despacho Aduanero
• Miembro Adherente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales
• Miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

Versión web de la ponencia. El expediente electrónico en los procedimientos aduaneros: su necesaria implementación

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